El ministro de Comunicación e Información del gobierno de Nicolás Maduro, Freddy Ñáñez, acusó varias organizaciones no gubernamentales (ONG) de «desconocer las leyes y la legitimidad del Estado venezolano» al mostrar solidaridad con personas investigadas por delitos contra el orden constitucional en el país, en específico a la abogada y activista Rocío San Miguel cuyo caso ha conmocionado a la sociedad civil venezolana.
Ñáñez mencionó específicamente a Amnistía Internacional, PROVEA y otras ONG asociadas al Departamento de Estado, y cuestionó su apoyo incondicional a aquellos bajo investigación. Esto sucede bajo las recientes amenazas a las ONG luego de que el proyecto de ley de Regulacíón a Organizaciones No Gubernamentales pasara a segunda discusión en la Asamblea Nacional Constituyente.
En las declaraciones realizadas este martes, el ministro Ñáñez expresó su preocupación por la solidaridad automática que muestran estas ONG hacia personas involucradas en delitos contra el orden constitucional en Venezuela. Según Ñáñez, la actitud de estas organizaciones no es nueva y señaló que incluso si se investigara un intento de magnicidio, su apoyo sería aún más vehemente. Sin embargo, el ministro se mostró sorprendido por la narrativa descarada que, según él, pretende desconocer las leyes del país y la legitimidad del Estado venezolano. Además, afirmó que estas organizaciones siempre han sido parte de la estrategia para aislar y sancionar a Venezuela.




