El gobierno de Venezuela anunció este jueves 15 de febrero la suspensión de las actividades de la oficina técnica de asesoría del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas (ONU) en Caracas y ordenó la salida del país de los funcionarios adscritos a esa oficina.
La decisión fue comunicada por el ministro de Relaciones Exteriores de Venezuela, Yvan Gil, quien expresó su descontento con el rol desempeñado por la ACNUDH y solicitó que su personal abandone el país en las siguientes 72 horas.
El ministro Gil argumentó que la ACNUDH ha adoptado un papel inapropiado y parcializado, convirtiéndose en un defensor de los grupos golpistas y terroristas que conspiran contra Venezuela. Según Gil, la oficina ha exacerbado sus ataques contra el país y ha generado impunidad para personas involucradas en intentos de magnicidio, golpes de estado y conspiraciones. El ministro enfatizó que la ACNUDH ha violado la Carta de Naciones Unidas y ha mostrado una actitud colonialista y abusiva.
A pesar de la suspensión de la oficina, Gil reafirmó la voluntad del gobierno venezolano de cooperar con los mecanismos internacionales de protección de los derechos humanos, siempre y cuando se respeten la soberanía y la no injerencia en los asuntos internos del país.
La decisión del gobierno venezolano llega después de la detención de la activista de derechos humanos y experta en asuntos militares, Rocío San Miguel, acusada de conspirar contra el gobierno. En respuesta a la detención, la oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos expresó su profunda preocupación y planteó la posibilidad de que su desaparición pudiera calificar como una desaparición forzada.
Por su parte, el fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, negó que San Miguel y sus familiares estuvieran sometidos a una situación de desaparición forzada. Saab denunció una «feroz campaña» contra el sistema judicial y afirmó que la detención de San Miguel se basa en presuntos delitos de traición a la patria, conspiración, terrorismo y asociación.
En 2019 se estableció la oficina del ACNUDH en Venezuela, lo que implicó la presencia de un equipo en el terreno. Sin embargo, el gobierno venezolano ha decidido suspender sus actividades debido a sus desacuerdos con el enfoque y las acciones de la oficina.
La suspensión de la oficina técnica de asesoría del Alto Comisionado para los Derechos Humanos en Caracas y la orden de salida de los funcionarios adscritos a esa oficina por parte del gobierno de Venezuela refleja la creciente tensión entre el país y la ACNUDH. A medida que la situación se desarrolla, paralelamente continúan las investigaciones sobre presuntos crímenes de lesa humanidad cometidos por el gobierno venezolano.
