Representantes de cinco organizaciones no gubernamentales (ONG), dedicadas a la defensa de los derechos humanos, se manifestaron este miércoles en la mañana frente a la sede del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en Caracas.
Su protesta tenía como objetivo exigir la liberación de la abogada y activista Rocío San Miguel, quien fue detenida el viernes por las autoridades venezolanas bajo acusaciones de estar involucrada en un plan de magnicidio.
San Miguel, defensora de derechos humanos y directora de la ONG Control Ciudadano, permanece detenida de forma preventiva en El Helicoide, sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin).
Además, su expareja, Alejandro González Canales, está recluido de manera preventiva en la sede principal de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim) en Boleíta.
Los abogados de San Miguel han denunciado la falta de acceso a las audiencias, lo cual va en contra del debido proceso. Las ONG presentes en la manifestación rechazaron las acciones judiciales del Estado venezolano con respecto a las recientes detenciones, y expresaron su preocupación por la integridad física y mental de San Miguel, así como por la desaparición forzada que sufrió y el ataque contra sus familiares, quienes también fueron detenidos.
“Rechazamos las acciones judiciales por parte del Estado venezolano respecto a las recientes detenciones en contra de la activista de derechos humanos Rocío San Miguel y sus familiares”, indicaron las organizaciones en un comunicado leído ante la prensa.
Laura Louza, directora de la ONG Acceso a la Justicia, denunció la falta de información sobre la integridad física y mental de San Miguel, la desaparición forzada de la que fue víctima y el ataque contra sus familiares, quienes también fueron detenidos.
Por su parte, Andrea Santacruz, directora de la ONG Civilis, hizo un llamado a la liberación de Rocío San Miguel y de “todos los presos políticos detenidos por ejercer su derecho”. Además, la representante de la ONG Cofavic, Claudia Carrillo, destacó que se han registrado 2.227 ataques contra defensores de los derechos humanos en Venezuela entre 2018 y 2023, siendo los últimos tres años los de mayor registro de casos.
“Se han registrado eventos como amenazas, campañas de descrédito, estigmatización, ataques y allanamientos en sedes de organizaciones, restricciones a actividades de exigencias de derechos, interceptación de comunicaciones y sitios web de las ONG, seguimientos, censura, cierre de espacios, agresiones físicas y verbales, detenciones arbitrarias y el uso de la desaparición forzada como mecanismo para aislar, intimidar y reducir a quienes son víctimas”, indicó Carrillo citando un informe de la organización.
Asimismo, destacó que las mujeres defensoras son las principales víctimas del Estado venezolano, según un informe de la organización.
Ante esta situación, Santacruz hizo un llamado a la comunidad internacional para que exija el cese de la criminalización de las ONG venezolanas. Al menos 62 organizaciones en el país se encuentran en situación de persecución. La protesta frente a la sede del PNUD en Caracas fue una muestra más del clamor de estas organizaciones por la defensa de los derechos humanos en Venezuela.
