Las cárceles de Perú seguirán bajo estado de excepción durante sesenta días más.
Las cárceles de Perú seguirán bajo estado de excepción durante sesenta días más. El Gobierno de la presidenta Keiko Fujimori prorrogó este martes la medida que rige en cinco prisiones del país, con el objetivo declarado de controlar a las organizaciones criminales que, según las autoridades, operan desde el interior de los centros penitenciarios.
La extensión quedó formalizada en un decreto publicado en el diario oficial El Peruano y comenzará a regir a partir del 5 de noviembre. Con esta decisión, el Ejecutivo peruano mantiene desplegados a los militares en el perímetro de las prisiones señaladas y conserva las facultades extraordinarias de control que acompañan al estado de excepción.
Cárceles de Perú bajo excepción: Ancón, Castro Castro, El Milagro, Cochamarca y Challapalca
Las cinco prisiones alcanzadas por la prórroga son Ancón I y Miguel Castro Castro, ambas ubicadas en Lima, la capital; El Milagro, en Trujillo, la ciudad de la costa norte considerada uno de los epicentros de la actividad criminal del país; Cochamarca, una de las cárceles más grandes de Perú, situada en la región andina de Junín; y Challapalca, la prisión de máxima seguridad levantada en el altiplano de Tacna, cerca de la frontera con Bolivia, a 4.800 metros sobre el nivel del mar, donde los internos soportan condiciones especialmente duras.
En estos centros, el Gobierno desplegó efectivos militares para custodiar el perímetro de las instalaciones tras declararlas en emergencia, mientras la Policía ha ejecutado requisas para confiscar armas blancas, teléfonos móviles y otros objetos prohibidos. Las operaciones incluyen además redadas en los alrededores de las prisiones para desmontar antenas clandestinas de telecomunicaciones, utilizadas para mantener comunicaciones ilícitas desde el interior.
La medida se inscribe en la estrategia con la que el Ejecutivo busca recuperar el control de los penales, señalados por las propias autoridades como centros desde donde se coordinan extorsiones y otros delitos que golpean a comerciantes y ciudadanos en varias regiones del país. La prórroga mantiene a las Fuerzas Armadas como apoyo permanente en la custodia externa de los cinco recintos, mientras la administración penitenciaria y la Policía conservan la intervención directa dentro de los pabellones.
Derechos suspendidos dentro y fuera de las prisiones
Durante la vigencia de la prórroga estarán suspendidos algunos derechos fundamentales, entre ellos la libertad de tránsito, la libertad de reunión y la libertad y seguridad personales. La suspensión no se limita al interior de los recintos: se extiende también fuera de ellos, hasta un radio de 200 metros alrededor de cada prisión, según lo establecido en el decreto.
La ampliación del estado de excepción llega, además, pocos días después de un altercado registrado este fin de semana dentro de la prisión de Trujillo, que dejó al menos tres presos muertos. Ese episodio reforzó, a ojos del Ejecutivo, la tesis de que las organizaciones criminales conservan capacidad de acción dentro de los penales y de que el control ordinario del sistema penitenciario resulta insuficiente.
La seguridad penitenciaria como eje del Gobierno de Fujimori
Fujimori ha fijado el control de las prisiones como uno de los ejes de su política de seguridad para frenar el avance del crimen organizado, convertido en la principal preocupación de los peruanos ante el incremento de las extorsiones contra negocios y personas, a quienes las bandas exigen pagos bajo amenazas de muerte.
El desafío es de magnitud: el sistema penitenciario peruano se encuentra hacinado, con alrededor de 100.000 presos repartidos en 69 cárceles en todo el país. En ese contexto, la prórroga de sesenta días mantiene el esquema de militarización del perímetro y de requisas internas mientras el Gobierno sostiene que la medida es necesaria para cortar las comunicaciones y la capacidad operativa de las bandas que dirigen delitos desde los penales.
Con la entrada en vigor de la extensión el 5 de noviembre, las cinco cárceles de Perú incluidas en el decreto completarán un nuevo periodo bajo régimen de excepción, en medio del debate sobre el equilibrio entre el control del crimen organizado y la suspensión temporal de derechos en las zonas que rodean a los centros penitenciarios.
