La Asamblea Nacional de Venezuela, controlada por el chavismo, aprobó este jueves una controvertida ley que impone severas sanciones a quienes promuevan o participen en las sanciones extranjeras contra el gobierno venezolano.
La nueva legislación, denominada «Ley Orgánica Libertador Simón Bolívar contra el Bloqueo Imperialista y en Defensa de la República Bolivariana de Venezuela», establece penas de prisión de entre 25 y 30 años y multas que pueden alcanzar hasta un millón de euros.
La ley, que aún debe ser firmada por el presidente Nicolás Maduro para su entrada en vigor, incluye medidas drásticas como la inhabilitación política por un período de 60 años para aquellos que sean considerados culpables de estos «delitos». Esto significa que los sancionados no podrán optar a cargos públicos ni participar en elecciones. Esta legislación se presenta en un contexto de tensiones crecientes debido a la reelección de Maduro para un tercer mandato, un proceso que ha sido denunciado por la oposición como fraudulento.
El texto de la ley también establece que las personas acusadas de impulsar sanciones extranjeras podrán ser juzgadas en ausencia si se niegan a asistir a las audiencias. Esta disposición ha generado preocupación entre los críticos del gobierno, quienes ven en ella una herramienta más para silenciar la disidencia y limitar la libertad de expresión.
Además de las sanciones por promover sanciones internacionales, la nueva ley castiga otros «delitos» relacionados con acciones armadas o ataques cibernéticos contra el país. Aquellos que «promuevan, instiguen o participen» en tales actividades también enfrentan penas similares de hasta 30 años de prisión. Este enfoque punitivo se extiende a los medios de comunicación, que podrían ser multados o incluso prohibidos si difunden mensajes que promuevan sanciones o medidas que afecten a Venezuela.
La ley define como «acciones que ponen en riesgo la soberanía» el desconocimiento de la legitimidad de los poderes públicos o el reconocimiento de figuras que simulen representar al poder estatal. Esto se produce en un contexto donde el resultado oficial de las elecciones presidenciales celebradas en julio pasado no es reconocido por numerosos gobiernos internacionales.
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La aprobación de esta ley ha suscitado una ola de críticas tanto dentro como fuera del país. Organizaciones defensoras de los derechos humanos han calificado estas medidas como represivas y han advertido sobre su potencial para aumentar la persecución política. La oposición venezolana ha denunciado que esta legislación es parte de una estrategia del gobierno para consolidar su control sobre la sociedad y silenciar cualquier forma de disidencia.
La comunidad internacional también ha reaccionado con preocupación ante esta nueva normativa. Varios gobiernos han expresado su rechazo a las acciones del régimen venezolano, señalando que estas medidas solo agravan la crisis humanitaria y política que enfrenta el país. En este sentido, se teme que la ley sirva como un mecanismo para justificar futuras represalias contra aquellos que se opongan al gobierno.
