La Asamblea Nacional (AN) de Venezuela aprobó por unanimidad la Ley de Protección de las Pensiones de Seguridad Social el martes 7 de mayo. La propuesta de ley, presentada por el gobernante Nicolás Maduro el 1 de mayo, fue llevada al Parlamento por la vicepresidenta de la República, Delcy Rodríguez.
Durante la sesión parlamentaria, que duró poco más de 30 minutos, el presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, destacó que esta ley es una propuesta del Ejecutivo nacional. “Se trata de una iniciativa para atender a los que fueron más golpeados y agredidos por la acción depredadora, por las sanciones ilegales en contra de todo el pueblo de Venezuela”, dijo Rodríguez, haciendo referencia a los adultos mayores, cuyas pensiones no cubren ni siquiera el 1,6 % de la canasta alimentaria.
Desde marzo de 2022, la pensión y el salario mínimo en Venezuela se mantienen en 130 bolívares, que en ese entonces equivalían a unos 30 dólares, y hoy a 3,5 dólares, lo que representa una devaluación del 88 % frente a la divisa estadounidense.
Tras la aprobación de la ley, Rodríguez señaló que el proyecto será remitido al Ejecutivo Nacional para su promulgación, de acuerdo con lo que establece el artículo 213 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.
¿Qué dice la Ley de Protección de las Pensiones?
La ley establece un aporte especial que los empresarios deberán dar para mejorar las pensiones. El monto de la contribución especial será de hasta el 15 % del total de los pagos realizados a los trabajadores por concepto de salario y bonificaciones de carácter no salarial. El cálculo de los pagos a los trabajadores no podrá ser inferior al ingreso mínimo integral establecido por el Estado. Actualmente, en Venezuela está fijado en 130 dólares: 90 dólares del bono de Guerra Económica y 40 dólares del bono de Alimentación (cestaticket).
Este porcentaje será establecido por el presidente de la República anualmente y cobrado todos los meses por el Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (Seniat). Esta ley representa un rayo de esperanza para los pensionistas venezolanos, que han sido duramente golpeados por la crisis económica y la devaluación de la moneda.
