El abogado chileno Claudio Grossman, exasesor especial de la Corte Penal Internacional (CPI), ha dimitido de su cargo debido a lo que considera una “inacción injustificada” del fiscal Karim Khan en relación con los crímenes de lesa humanidad cometidos por el gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela.
Nombrado en 2021 para asesorar sobre derechos humanos en Venezuela, Grossman expresó en un correo que sus principios éticos le impiden permanecer en una institución que no actúa con la severidad necesaria.
En su mensaje, enviado en septiembre, cuestionó la falta de acciones concretas contra los responsables de violaciones graves de derechos humanos, afirmando: “Ya no puedo justificar la elección de no tomar las medidas serias correspondientes”.
Desde la oposición venezolana, líderes como Edmundo González y María Corina Machado critican al tribunal por un aparente doble estándar al priorizar casos internacionales, mientras que la situación en Venezuela permanece estancada.
En respuesta, el fiscal Khan defendió su enfoque basado en la complementariedad, permitiendo a las autoridades venezolanas investigar antes de intervenir, aunque admitió que los avances esperados no se han materializado.
El gobierno de Maduro descalificó las críticas como parte de una «campaña de desinformación» y surgieron cuestionamientos sobre la independencia de Khan debido a vínculos familiares con la defensa del régimen.
La renuncia de Grossman resalta las tensiones dentro de la CPI y plantea serias dudas sobre su efectividad en abordar crímenes de lesa humanidad. Su decisión podría tener repercusiones significativas en la percepción pública y credibilidad del tribunal ante situaciones críticas como la crisis venezolana.
