La vulnerabilidad adultos mayores en Venezuela alcanzó un nivel que el Centro de Investigaciones y Análisis Prospectivo (CIAP) describe como una crisis multidimensional. Según su más reciente diagnóstico, presentado este lunes 16 de noviembre, el 77 % de las personas de la tercera edad en el país se ubica entre la vulnerabilidad severa y la extrema, mientras que solo entre 20 % y 23 % permanece en un nivel moderado.
El economista Dilio Hernández, director general del CIAP, explicó que la devaluación y la inflación destruyeron la capacidad de ahorro construida durante décadas de trabajo. El resultado, sostiene el informe, se ve en el ingreso, en la mesa y en la salud: pensiones que no alcanzan para comer, ancianos obligados a seguir trabajando en la calle y cientos de miles de personas mayores viviendo solas tras la salida de sus familias del país.
Vulnerabilidad adultos mayores: qué mide la matriz del CIAP
La Matriz Estimada de Vulnerabilidad del centro divide a esta población en tres niveles. En el extremo más grave se ubica entre 35 % y 38 % de los adultos mayores, un grupo que el estudio calcula en más de 1,2 millones de personas expuestas a pobreza monetaria aguda, desnutrición clínica y falta total de medicamentos para sus enfermedades crónicas. El nivel severo reúne a otro 40 % a 42 %.
Sumados, ambos niveles explican la cifra central del diagnóstico: más de tres de cada cuatro adultos mayores no logra cubrir con estabilidad sus necesidades básicas. El informe atribuye ese deterioro a la erosión absoluta del poder adquisitivo de los jubilados, al deterioro de la red asistencial de salud y a lo que denomina «migración inmóvil»: quienes no emigraron, pero quedaron aislados cuando emigraron sus hijos y sus redes de cuidado.
La pensión cubre apenas 9 % de la canasta alimentaria
El dato de ingreso es el más contundente del estudio. Los 4,6 millones de pensionados inscritos en el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) perciben, según el CIAP, montos que no alcanzan a cubrir ni 10 % de la canasta alimentaria básica. Con un ingreso integral de 70,14 dólares al mes, incluido el bono de guerra económica, la pensión y los bonos cubren apenas 9 % de la Canasta Alimentaria Familiar y menos de 5 % de la canasta básica global.
Sin ahorro posible, entre 50 % y 60 % de los ancianos debe permanecer en empleos informales de alta exigencia física o reinsertarse en ellos, y más de 60 % ha sido empujado al trabajo precarizado en el sector informal, de acuerdo con el diagnóstico. Además, 75 % de los hogares con personas mayores depende de remesas familiares desde el exterior, aunque el poder adquisitivo de esos envíos se contrajo cerca de 40 % por la inflación interna.
Vivir solo, cuidar nietos y saltarse comidas
La emigración de más de 7,9 millones de venezolanos, con datos de Acnur y la OIM citados por el CIAP, rompió la red tradicional de cuidados. Cerca de 1,2 millones de hogares están habitados únicamente por adultos mayores y entre 400.000 y 600.000 personas de la tercera edad viven en soledad absoluta. En paralelo, entre 40 % y 50 % asumió el llamado «cuidado inverso»: son jefes de hogar y cuidadores principales de sus nietos sin apoyo económico suficiente.
La alimentación refleja la misma presión. Entre siete y ocho de cada diez ancianos han tenido que suprimir al menos una comida al día o reducir el consumo de proteínas para estirar el presupuesto. En salud mental, el informe registra que 90 % sufre estrés acumulado por angustia financiera y 30 % presenta cuadros clínicos de ansiedad y depresión severa. Y en cobertura, 98 % del sector queda desprotegido por la falta de seguros privados.
La propuesta: cuidado domiciliario y una alianza para financiarlo
Frente a ese panorama, el CIAP propone pasar de un modelo asistencialista a un Modelo de Atención Integral Domiciliario, con programas de formación como Mega Cuidadores y el proyecto de voluntariado VEAM para capacitar a cuidadores comunitarios y familiares. La idea busca también aliviar el «síndrome del cuidador quemado», que afecta a 70 % de las mujeres cuidadoras informales, según el estudio.
Para financiarlo en el horizonte 2026-2032, el centro plantea una Alianza Público-Privada-Comunitaria: alcaldías que entreguen en comodato instalaciones en desuso y otorguen exenciones fiscales a empresas privadas a cambio de donaciones de medicamentos e insumos, y fondos de remesas de la diáspora canalizados de forma colectiva para pagar estipendios a las redes comunitarias de cuidado. El diagnóstico queda así sobre la mesa: sin un cambio en el ingreso y en el sistema de cuidados, la vejez en Venezuela seguirá marcada por la precariedad.