El caso de las víctimas del 11 de abril de 2002 ante la Corte IDH tendrá esta semana su audiencia pública en San José de Costa Rica, casi 25 años después de aquella jornada que dejó 19 personas asesinadas y más de 300 heridas de bala en Caracas.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos examinará el miércoles 14 de octubre la responsabilidad internacional del Estado venezolano por las violaciones de derechos humanos ocurridas durante la marcha que se dirigía al Palacio de Miraflores. La audiencia del caso, conocido como Trujillo y otros vs. Venezuela, comenzará a las 9:00 de la mañana, hora de Costa Rica (11:00 de la mañana en Venezuela), y podrá seguirse por los canales oficiales del tribunal.
Víctimas del 11 de abril de 2002: un proceso que comenzó ese año
El expediente se inició el mismo año de los hechos, con la denuncia presentada ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Desde entonces, las víctimas y sus familiares han recorrido un camino de más de dos décadas entre instancias nacionales e internacionales, sin que hasta ahora se haya esclarecido por completo lo ocurrido ni se haya sancionado a los responsables.
En la audiencia participarán Alfredo Romero, director presidente de Foro Penal, y Gonzalo Himiob, director vicepresidente de esa organización, quienes formaron parte de la presentación de la petición original y han acompañado el caso durante todo este tiempo.
Lo que ya concluyó la Comisión Interamericana
La Comisión remitió el expediente a la Corte el 9 de julio de 2024. En su Informe de Fondo n.º 313/23 concluyó que el Estado venezolano violó los derechos a la vida, a la integridad personal, a la reunión, a las garantías judiciales y a la protección judicial de las víctimas.
Según ese informe, el Estado no demostró que el uso de la fuerza letal contra los manifestantes hubiera sido legítimo, necesario y proporcionado. La Comisión también documentó disparos de agentes de la Guardia Nacional en las inmediaciones de El Silencio y de personas vinculadas a los llamados Círculos Bolivarianos desde la zona de Puente Llaguno, y sostuvo que existen elementos para determinar que esos hechos ocurrieron con colaboración o, al menos, aquiescencia de la fuerza pública. El informe es, hasta hoy, el documento más completo sobre lo ocurrido con las víctimas del 11 de abril de 2002.
Justicia después de casi un cuarto de siglo
En la audiencia de este miércoles, la Corte escuchará los argumentos sobre el fondo del caso y las eventuales reparaciones. De su decisión dependerá no solo una posible sentencia contra el Estado venezolano, sino también el reconocimiento formal de una deuda de justicia que las familias arrastran desde 2002. Las víctimas del 11 de abril de 2002 estarán representadas por las organizaciones que han documentado el caso durante más de dos décadas.
Para las organizaciones de derechos humanos que impulsan el caso, el paso del tiempo no puede sustituir a la justicia: las graves violaciones deben investigarse y sancionarse, sin importar cuántos años hayan transcurrido. La audiencia forma parte del 196.º período ordinario de sesiones del tribunal, que se desarrolla en San José entre el 5 y el 16 de octubre de 2026. Para las víctimas del 11 de abril de 2002 y sus familias, la cita en San José es la más importante en casi 25 años.
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