Según el último reporte de Bloomberg, Venezuela tiene el salario mínimo más bajo de toda América Latina, equivalente a solo $3,56 dólares mensuales.
Mientras que la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) proyecta un crecimiento del PIB regional de 2,1% en 2024, el ingreso de los trabajadores venezolanos permanece estancado desde hace más de dos años.
A pesar de que varios países de la región aumentaron sus salarios mínimos en el primer semestre de 2024, como Chile (8,6%), Honduras (5,5%) y Paraguay (4,4%), el gobierno de Nicolás Maduro mantiene el sueldo mínimo en 130 bolívares, equivalente a solo $3,56 dólares.
El economista Manuel Sutherland atribuye esta situación a las «políticas de hiperrentismo» y el «mal uso de los recursos económicos» por parte del gobierno venezolano, que ha sometido a sectores como el empresariado y los sindicatos a «políticas de reducción».
Con las elecciones presidenciales a la vuelta de la esquina, un aumento salarial podría ser una maniobra para impulsar el apoyo popular a Maduro, pero Sutherland lo ve como «muy improbable» dada la delicada situación financiera del país.
Para el experto, la única forma de que Venezuela pueda subir rápidamente el salario mínimo sería a través de «un cambio político importante» o un giro radical en las políticas económicas actuales, de lo contrario, «lo más probable es que el salario siga siendo el más bajo de América Latina».
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La política de bonificaciones en Venezuela afecta negativamente a los trabajadores en varios aspectos:
- Reducción de derechos sociales: La bonificación del salario diluye los derechos sociales de los trabajadores, ya que los beneficios de seguridad social se calculan sobre el salario mínimo, el cual no se ajusta. Esto significa que los trabajadores no reciben las prestaciones sociales, bono vacacional y bono de fin de año, entre otros beneficios legales.
- Dependencia de bonos: La política de bonificaciones hace que los trabajadores dependan de bonos y no de salarios. Estos bonos, como los de alimentos y divisas, tienen un valor insuficiente en términos de capacidad de compra real y son discriminatorios, afectando a los pensionados y jubilados del IVSS y a quienes no pueden acceder a la plataforma del Sistema Patria.
- Impacto fiscal: Mantener el salario mínimo inalterado minimiza el impacto fiscal, pero también reduce la capacidad de ahorro de las familias y el sistema de prestaciones sociales, lo que lleva a los trabajadores a perder interés en el trabajo formal y a abandonar las conquistas en seguridad social y pensiones.
- Política electoral: La implementación de bonificaciones puede ser vista como una estrategia política para minimizar el impacto fiscal en vísperas de elecciones, otorgando privilegios a algunos y desprotegiendo a otros.
La política de bonificaciones en Venezuela ha aumentado los costos laborales, disminuido la productividad y ganancias de las empresas, y reducido su competitividad, lo que en conjunto ha tenido una influencia negativa en el desempeño del sector productivo.
También, ha debilitado los derechos laborales, generado una mayor dependencia de los trabajadores hacia el Estado, causando un impacto fiscal insostenible y desestimulando la productividad de las empresas, lo que en conjunto socava la estabilidad económica del país.
