El gobierno de Venezuela ha desatado una crisis diplomática con España al llamar a consultas a su embajador en Caracas, Ramón Santos, tras las declaraciones de la ministra española de Defensa, Margarita Robles. Esta situación se produce en un contexto de tensiones crecientes entre ambos países, exacerbadas por la reciente llegada del opositor Edmundo González Urrutia a España, donde ha solicitado asilo político.
Robles criticó abiertamente la «persecución» y «limitación de derechos fundamentales» que, según ella, sufre la oposición venezolana, lo que fue calificado por el gobierno de Nicolás Maduro como «insolente, injerencista y grosero».
El canciller venezolano, Yván Gil, anunció que el embajador Santos debe comparecer en la Cancillería el viernes, en lo que se considera un gesto diplomático que evidencia el deterioro en las relaciones bilaterales. Gil también reveló que la embajadora venezolana en Madrid, Gladys Gutiérrez, ha sido llamada a consultas, lo que indica un nivel de descontento significativo por parte del Ejecutivo chavista.
#12Sep | El canciller de Venezuela, Yván Gil, citó a Gladys Gutiérrez, embajadora venezolana acreditada ante España, y a Ramón Santos Martínez, embajador español acreditado en Caracas, a la sede del Ministerio del Poder Popular para las Relaciones Exteriores el viernes #13Sep.… pic.twitter.com/NEYVtvMHad
— El Diario (@eldiario) September 13, 2024La tensión escaló después de que el Parlamento español, a pesar de la oposición del gobernante Partido Socialista Obrero Español (PSOE), aprobara una resolución que reconoce a González Urrutia como presidente electo de Venezuela. Este reconocimiento se basa en las afirmaciones de González Urrutia sobre haber ganado las elecciones del 28 de julio, cuya victoria fue oficialmente otorgada a Maduro. González Urrutia, quien llegó a Madrid el pasado domingo, ha denunciado una «persecución» política que lo llevó a solicitar asilo.
La respuesta del Parlamento venezolano fue contundente: propuso una resolución para instar al gobierno de Maduro a romper «todas las relaciones» diplomáticas, consulares, económicas y comerciales con España. Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional controlada por el chavismo, calificó las acciones de España como un «atropello brutal» y exigió la expulsión de los representantes españoles en Venezuela.
El gobierno español, por su parte, ha intentado mantener abiertas las vías diplomáticas a pesar de las crecientes tensiones. La postura oficial de Madrid ha sido no reconocer a un vencedor electoral hasta que se publiquen íntegramente las actas de las elecciones, lo que refleja una estrategia de cautela en un contexto internacional delicado.
Sin embargo, la situación se complica con la llegada de González Urrutia a España y su reconocimiento por parte del Congreso, lo que podría forzar a España a adoptar una postura más firme en su política hacia Venezuela.
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Las declaraciones de Margarita Robles, quien describió a Venezuela como una «dictadura», han sido particularmente incendiarias. Estas palabras han generado una reacción inmediata del gobierno venezolano, que considera que tales afirmaciones son un ataque directo a su soberanía y un intento de injerencia en sus asuntos internos.
La tensión entre ambos países ha llevado a especulaciones sobre una posible ruptura de relaciones diplomáticas, un escenario que podría tener repercusiones significativas tanto para Venezuela como para España, especialmente en el ámbito económico, dado que varias empresas españolas operan en el país caribeño.
