Durante la Memoria y Cuentas, el gobierno asigna el 10,25% del presupuesto nacional a la educación, pero solo destina el 2,60% a la Educación Universitaria, planteando preocupaciones sobre la calidad educativa en las universidades públicas venezolanas. José Bolaños de Gritemos con Brío (GCB) destaca las limitaciones en la mejora de infraestructuras y los recortes salariales para los educadores.
El presupuesto para la Fundación de Edificaciones y Dotaciones Educativas (FEDE) se reduce, lo que sugiere dificultades en la mejora de las instalaciones educativas. José Bolaños señala que se construirán menos escuelas en comparación con el año anterior, lo que plantea interrogantes sobre la atención a largo plazo en la educación.
La falta de servicios básicos y la crisis económica y humanitaria afectan la educación. El presupuesto para áreas como agua, transporte y electricidad es mínimo, lo que empeora la situación. José Luis Teixeira de Gritemos con Brío cuestiona la distribución del presupuesto y su ambigüedad en áreas de desarrollo social y participación.
Isabella Noy de GCB y estudiante universitaria destaca el deterioro en las instalaciones, como comedores, transporte, laboratorios y bibliotecas. La desmotivación académica y la deserción estudiantil aumentan debido a los gastos y la falta de recursos.
Universidades como la de Carabobo y Los Andes sufren reducciones significativas en sus presupuestos, lo que pone en peligro su funcionamiento. La intervención gubernamental en las instituciones académicas ha generado críticas sobre la autonomía universitaria.
La ONG Fundaredes informa que el gobierno ha reducido drásticamente el presupuesto de las universidades públicas en los últimos 11 años. Esto plantea interrogantes sobre la sostenibilidad y el futuro de los servicios y derechos educativos en el país.
El presupuesto educativo de Venezuela plantea desafíos para la calidad y el desarrollo de los jóvenes. La falta de inversión, el deterioro de los servicios básicos y la intervención gubernamental en las universidades amenazan el futuro académico del país, generando preocupación sobre la continuidad y mejora de los servicios educativos a largo plazo.
