La senadora Louise Lucas acusada por un jurado investigador de Virginia es, desde este jueves.
La senadora Louise Lucas acusada por un jurado investigador de Virginia es, desde este jueves, el centro del mayor escándalo político del estado en años. L. Louise Lucas, presidenta pro tempore del Senado estatal y una de las demócratas más poderosas de Richmond, fue acusada formalmente de participar en una conspiración de crimen organizado para vender marihuana de forma ilegal y lavar las ganancias, según anunció el Departamento de Justicia de Estados Unidos. La legisladora se entregó voluntariamente a las autoridades, de acuerdo con un portavoz federal.
Lo que se sabe hasta ahora
- Un jurado investigador de Virginia acusó este jueves a la senadora estatal L. Louise Lucas y a varias personas más, entre ellas miembros de su familia.
- Los cargos incluyen conspiración para cometer extorsión, conspiración para poseer y distribuir marihuana y conspiración para lavar dinero.
- El FBI sostiene que Lucas usó su cargo para proteger la empresa y que recibió un pago calificado por los fiscales como soborno.
- Los fiscales le atribuyen el pago de 750.000 dólares por una sociedad ficticia creada para que un cómplice obtuviera una licencia de venta de marihuana.
- Lucas se entregó voluntariamente; la investigación comenzó durante el Gobierno de Joe Biden e incluyó registros del FBI en dos de sus tiendas a principios de este año.
Senadora Louise Lucas acusada: una «empresa criminal dedicada a la marihuana», según el FBI
La acusación sostiene que Lucas dirigía varios negocios que compraban y vendían cantidades ilegales de marihuana en Virginia para amasar la fortuna de su familia. El director del FBI, Kash Patel, afirmó en una declaración sobre los cargos que la senadora, a través de «un grupo muy unido de familiares y socios», trabajó para crear una «empresa criminal dedicada a la marihuana» y utilizó su posición como presidenta de la Comisión de Finanzas y Asignaciones del Senado para proteger a la empresa del escrutinio penal e influir en la legislación en beneficio propio.
El detalle más delicado del expediente es el presunto soborno: según el Departamento de Justicia, Lucas pagó 750.000 dólares por una participación del 100 % en una sociedad de cartera ficticia que, alegan los fiscales, se creó para que un cómplice obtuviera una licencia estatal de venta de marihuana. Después habría recibido de ese cómplice un pago que los fiscales denominan directamente «pago de soborno», y se habría reunido con él en su propia oficina del complejo del Capitolio para recibir un reembolso parcial. Los fiscales añaden que la senadora no declaró esa participación en sus formularios obligatorios de Declaración de Intereses Económicos.
La defensora de la legalización, investigada desde el Gobierno de Biden
El caso tiene una ironía que ya domina la conversación política en Virginia: Lucas ha abogado durante mucho tiempo por la legalización de la marihuana en el estado, incluso a través de legislación que ella misma impulsó. La acusación formal, sin embargo, alega que ella y sus cómplices vendieron y mantuvieron durante años cantidades ilegales de la droga a través de sus diversos negocios y tiendas, al margen del mercado regulado que defendía en público.
La investigación no nació con la actual administración: comenzó bajo el mandato del presidente Joe Biden, y a principios de este año agentes del FBI ya habían ejecutado órdenes de registro en dos de las tiendas de marihuana de Lucas, donde según la acusación recuperaron marihuana y armas de fuego. Lucas, elegida para el Senado estatal en 1991, es una figura histórica de la política virginiana: llevaba más de tres décadas en la cámara cuando este jueves se conocieron los cargos. CNN intentó contactarla para obtener comentarios y, al cierre de esta edición, la senadora no se había pronunciado públicamente más allá de su entrega voluntaria.
Por qué importa: un terremoto político en Virginia y una señal desde Washington
Que la presidenta pro tempore de un senado estatal —la segunda figura de la cámara— enfrente cargos federales de crimen organizado es excepcional en la política estadounidense reciente, y abre preguntas inmediatas sobre su futuro en el cargo, sobre las licencias de marihuana otorgadas en Virginia y sobre cuántos funcionarios pudieron cruzarse con la presunta red. El Departamento de Justicia presentó el caso como una acusación formal, es decir, como alegaciones que deberán probarse en juicio, y la noticia sigue en desarrollo.
El anuncio llega en una semana de intensa actividad federal en Washington, donde el Pentágono cerró un acuerdo marco para comprar 850 cazas F-35 en diez años, y en un ciclo político en el que las carreras estatales ya mueven fichas en todo el país, como ocurre en California con la aspiración de Xavier Becerra a la Gobernación. Para la comunidad latina de Virginia —uno de los estados con mayor crecimiento de población hispana del este del país— el caso se seguirá de cerca: la industria del cannabis, sus licencias y su regulación afectan a miles de pequeños negocios y trabajadores del estado.
