El retiro de bandera a siete buques sancionados por Estados Unidos ya está en marcha en Panamá.
El retiro de bandera a siete buques sancionados por Estados Unidos ya está en marcha en Panamá. La Autoridad Marítima de Panamá (AMP) inició el proceso para cancelar el registro de siete embarcaciones de bandera panameña incluidas en la lista de sanciones estadounidense por sus vínculos con Irán, en un caso que también alcanza a un bufete jurídico y a empresas del sector marítimo con operaciones en Panamá y Grecia.
La medida fue anunciada después de que la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), adscrita al Departamento del Tesoro estadounidense, sancionara el 21 de octubre a varias entidades. Washington sostiene que estas estructuras facilitaron el transporte de productos iraníes sujetos a restricciones económicas, mediante mecanismos destinados a ocultar a sus beneficiarios reales.
El retiro de bandera alcanza a los siete buques de Roxette Maritime
Las siete embarcaciones están administradas por Roxette Maritime Shipping and Trading S.A., una empresa con operaciones en Panamá y Grecia incluida en la lista de sancionados. Tres de ellas, Anemos, Gloris y Pride, transportaron mercancías de origen iraní durante el último año, según la investigación oficial estadounidense. Las otras cuatro, Destiny, Flamingo 1, Harmony y Prince, fueron clasificadas por Estados Unidos como propiedades bloqueadas por su relación con la compañía, aunque Washington no les atribuyó individualmente los mismos cargamentos documentados para las tres primeras.
En respuesta, la AMP comunicó que inició los procedimientos administrativos para cancelar el registro de las siete naves, conforme al Decreto Ejecutivo 512 del 18 de octubre de 2024, y que adoptó medidas contra la compañía sancionada, sin precisar cuáles fueron las actuaciones ejecutadas. La autoridad panameña reiteró su política de cero tolerancia frente al uso indebido del pabellón nacional por parte de empresas sancionadas.
Un bufete de Panamá y Grecia, en el centro de la trama
Entre las entidades sancionadas figura Karnakis and Karnakis, un bufete jurídico con oficinas en Panamá y Grecia. Según el Tesoro, la firma constituyó sociedades utilizadas por propietarios de embarcaciones que transportaron cientos de millones de dólares en petróleo, productos petroquímicos y acero iraníes, facilitando operaciones comerciales sujetas a las restricciones estadounidenses.
La investigación señala que el despacho participó en la creación de estructuras corporativas relacionadas con la llamada flota en la sombra, la red de embarcaciones utilizada para transportar mercancías sancionadas dificultando la identificación de los propietarios efectivos y mantener en marcha las exportaciones iraníes. El Departamento del Tesoro identificó como propietarios del bufete a Sofianos Karnakis Kosmas y Konstantinos Karnakis Kosmas, ambos con nacionalidad panameña y griega, y también sancionó a Ioanis Karnakis Kosmas, Pedro Ortega Jones y Roberto Ortega Jones por sus actuaciones relacionadas con la firma y las sociedades registradas.
La operación contra la flota en la sombra de Irán
La investigación estadounidense forma parte de Operation Economic Outcast, una iniciativa dirigida contra las redes que permiten a Irán comercializar productos sujetos a sanciones. Washington sostiene que estos mecanismos contribuyen a generar recursos para actividades militares y otros programas iraníes, mediante intermediarios financieros, jurídicos y marítimos. La presión sobre el petróleo iraní es un frente permanente de la política estadounidense, el mismo que llevó a Trump a acusar a Irán de intentar encarecer el petróleo para perjudicar a los republicanos.
Las sanciones de la OFAC implican el bloqueo de los bienes e intereses sujetos a jurisdicción estadounidense y restricciones a determinadas transacciones con las personas y empresas designadas. Esas disposiciones pueden afectar sus operaciones internacionales, aunque no constituyen por sí mismas una condena penal de las personas involucradas en Panamá.
Controles más duros para el registro mercante panameño
La autoridad panameña indicó que endureció los controles previos al abanderamiento de buques, con el propósito de impedir el ingreso de operadores vinculados con actividades sancionadas. Las revisiones abarcan a propietarios, administradores y fletadores, quienes deben someterse a procesos de debida diligencia antes de obtener el registro nacional.
El caso representa un nuevo desafío para la supervisión del registro mercante panameño, uno de los principales del mundo, porque cada buque sancionado que navega con su bandera pone en cuestión la credibilidad de todo el sistema. La AMP aseguró que continuará excluyendo a embarcaciones y compañías incluidas en listas internacionales de sanciones reconocidas por el país, en un momento en que Washington también mueve sus piezas navales en la región, como cuando Trump afirmó que los buques de Estados Unidos «pasarán» por Cuba tras la guerra en Irán. Para Panamá, la limpieza de su registro no es solo un trámite: es la defensa de uno de sus activos económicos más valiosos.