Un grupo de especialistas en derechos digitales recomendó suspender el registro biométrico de Constructores, la plataforma de Vente Venezuela.
Un grupo de especialistas en derechos digitales recomendó suspender el registro biométrico de Constructores, la plataforma de Vente Venezuela, eliminar los datos biométricos ya recogidos y someter el sistema a auditorías independientes, durante un foro realizado este 4 de noviembre por la ONG Conexión Segura, según reseñó Runrun.es.
Constructores fue lanzada oficialmente el pasado 24 de octubre por el partido Vente Venezuela, con la mira puesta en un eventual escenario de «transición». Es una plataforma digital interactiva diseñada para llevar un registro de ciudadanos mayores de edad dentro y fuera del territorio nacional: busca estructurar un censo descentralizado, servir como canal permanente de participación ciudadana y mapear la ubicación geográfica y las redes familiares de los venezolanos, como elemento de presión y preparación logística para facilitar la actualización e inscripción en el Registro Electoral Permanente del Consejo Nacional Electoral (CNE).
El registro biométrico, en el centro de las alertas
A través de Constructores, los participantes pueden identificarse mediante una verificación biométrica, indicar su ubicación y aportar información sobre la realidad de las familias venezolanas. La plataforma avanza por fases: la primera incluye un estudio de ubicación y parentescos y una base de datos verificada de venezolanos fallecidos cuyos nombres aún no han sido depurados de los padrones oficiales; la segunda incorporará encuestas socioeconómicas, consultas vinculadas al plan Venezuela Tierra de Gracia y un módulo de presupuesto participativo.
La abogada y defensora de derechos humanos Marianne Díaz Hernández alertó sobre los riesgos de esa suma de información por capas: «Por más que estamos hablando de etapas, lo que se está diciendo es que esos datos se van a construir uno sobre otro en una sola base de datos, y ningún partido político debería amasar esa cantidad de datos sobre una persona». Díaz Hernández advirtió que, aunque la plataforma estuviera blindada, los datos «están siendo manejados por voluntarios, porque esto es una organización, asociación civil… No es el Estado», y que es imposible trazar una ruta para saber quién tiene acceso a una información que incluye dirección, familiares, nombre, número de cédula y rostro.
«Es como salir con una pancarta con tu número de cédula»
Andrés Azpurúa, director de la ONG VE sin Filtro, explicó que, a diferencia de la huella dactilar —que exige interactuar con un dispositivo—, el reconocimiento facial expone la cara constantemente: «Es como si te obligaran a salir con una pancarta con tu número de cédula de identidad». El ingeniero en sistemas Giuseppe Gangi sostuvo que «una información tan delicada amerita auditorías externas» y que si el código estuviera abierto «sería otra historia, y aun así todavía habría dudas». Gangi reconoció que Vente Venezuela ha estado abierta a escuchar opiniones y ha corregido vulnerabilidades que él mismo encontró, pero instó al equipo técnico a buscar «ese más, que son auditorías, explicar bien las cosas».
La ingeniera y activista Valentina Aguana Villegas advirtió, por su parte, sobre las deficiencias técnicas y de transparencia en los procesos de validación de identidad que implementan este tipo de herramientas, y señaló las diferencias frente a la administración de datos públicos por parte del Estado, sujeta a licitaciones y marcos normativos formales. Díaz Hernández fue tajante en otro punto jurídico: «Un partido político no puede actualizar el registro electoral permanente. Ese escenario en el que se recopila una base de datos y se pasa al CNE y este actualiza, no es verdad».
Qué recomiendan los especialistas a los ciudadanos
Las conclusiones del foro fueron concretas: tiene que detenerse la recolección de datos biométricos y tienen que eliminarse los que ya se recogieron; la plataforma debe corregir sus términos y condiciones, permitir auditorías independientes y garantizar la consistencia de su funcionamiento. A la ciudadanía le recomendaron abstenerse de entregar datos biométricos hasta que el sistema cuente con auditorías técnicas validadas, un respaldo legal transparente, jurisdicciones claras y pruebas públicas verificables que resguarden la privacidad de los usuarios.
Díaz Hernández apuntó además que la sociedad civil y los actores políticos deben impulsar juntos una ley de protección de datos personales que, según consideró, «ha sido urgente desde hace una década». Los especialistas aclararon que sus observaciones no buscan desestimular la movilización cívica ni el uso de herramientas digitales de organización ciudadana, sino señalar las inconsistencias estructurales detectadas. El debate se suma a otros frentes abiertos sobre el padrón electoral venezolano, como la auditoría del Registro Electoral que pidió Primero Justicia sin esperar al nuevo CNE. La cobertura de Venezuela de La Noticia de Hoy seguirá la respuesta de Vente Venezuela a estas recomendaciones.
