Los refugiados en Estados Unidos tendrán mucho menos tiempo para defenderse cuando el Gobierno decida revisar su caso. Una nueva política anunciada este martes por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) reduce de 30 a solo 10 días el plazo para impugnar la revocación del estatus de refugiado, y entrará en vigor este miércoles 14 de octubre. El cambio afecta de forma directa a personas que llegaron al país huyendo de la persecución y la guerra, y que ahora deberán reunir pruebas, buscar asesoría legal y presentar su respuesta en poco más de una semana.
La decisión forma parte de la estrategia migratoria del presidente Donald Trump, que desde su regreso a la Casa Blanca ha endurecido las reglas para casi todas las vías legales de permanencia. Para miles de familias migrantes —entre ellas muchas latinoamericanas y venezolanas asentadas en ciudades como Las Vegas— el anuncio enciende una nueva alarma: no se trata de un trámite menor, sino del tiempo disponible para evitar perder una protección que, si se retira, puede desembocar en un proceso de deportación.
Refugiados en Estados Unidos: qué cambia desde este miércoles
Hasta ahora, cuando las autoridades notificaban su intención de retirar el estatus, la persona afectada disponía de 30 días para responder con argumentos y documentos. Con la nueva regla de los refugiados en Estados Unidos, ese margen se reduce a un tercio. Si transcurrido ese plazo la respuesta no convence a las autoridades, el Gobierno puede dar por terminado el estatus y abrir el camino a la expulsión del país.
Según el documento divulgado por el DHS, el objetivo declarado es reducir riesgos vinculados a personas que habrían sido admitidas sin cumplir los requisitos, además de reforzar la integridad y prevenir el fraude dentro del programa. El texto pone el foco en quienes ingresaron durante la administración anterior, al sostener que en ese período se debilitó la rigurosidad de los controles. Las autoridades no precisaron cuántas personas podrían recibir una notificación de revocación a partir de esta semana.
Unos 185.000 casos ya están bajo revisión
El recorte del plazo no llega aislado. El Gobierno ya examina los expedientes de al menos 185.000 refugiados admitidos en años recientes que todavía esperan la resolución de su residencia permanente, la conocida green card. Esa revisión masiva explica, según organizaciones de apoyo, por qué el nuevo límite de 10 días genera tanta preocupación: con miles de casos en evaluación simultánea, cualquier notificación exigirá una reacción casi inmediata de los afectados y de sus abogados.
La ley estadounidense solo permite retirar esta protección si se demuestra que la persona no reunía las condiciones exigidas en el momento de su admisión. No basta, en teoría, un cambio de política: debe existir una determinación sobre el caso concreto. Por eso el plazo de defensa es tan relevante, porque es la ventana en la que el refugiado puede demostrar que su admisión fue legítima. Casos recientes muestran que estos procesos pueden terminar en los tribunales, como ocurrió cuando un juez federal suspendió una deportación tras un operativo de ICE.
Un programa históricamente riguroso y con respaldo bipartidista
Defensores del programa recuerdan que llegar como refugiado a Estados Unidos nunca ha sido un atajo. El sistema creado tras la Ley de Refugiados de 1980 contempla derivaciones desde Naciones Unidas, embajadas u organizaciones no gubernamentales, entrevistas personales y verificaciones de antecedentes a cargo de varias agencias federales. El trámite completo puede prolongarse durante años antes de que una persona sea autorizada a viajar.
Desde la organización Global Refuge, su presidenta, Krish O’Mara Vignarajah, defendió a las familias afectadas y subrayó que cumplieron cada paso exigido: pasaron entrevistas, controles y largas esperas en el extranjero, y solo viajaron cuando funcionarios estadounidenses aprobaron sus solicitudes. Reducir ahora su tiempo de respuesta, advierten las entidades de reasentamiento, deja en desventaja a quienes tienen menos recursos para contratar representación legal en cuestión de días.
Críticas: un plazo que convertiría la defensa en un trámite formal
La organización International Refugee Assistance Project (IRAP) rechazó la medida y advirtió que facilitará deportaciones a gran escala. Su vicepresidenta de programas legales en Estados Unidos, Laurie Ball Cooper, sostuvo que un margen tan corto convierte la defensa en una mera formalidad para retirar el estatus a personas admitidas legalmente y devolverlas a escenarios de persecución. IRAP también ha llevado al Gobierno ante los tribunales por detenciones e intentos de deportación de refugiados procedentes de países como Ruanda, Irak y Afganistán.
El debate trasciende a los refugiados. La nueva política se suma a la cancelación de protecciones temporales (TPS) para nacionales de varios países, al cierre de programas de permiso humanitario y a criterios más restrictivos para resolver solicitudes de asilo. Según datos citados por la Asociación Estadounidense de Abogados de Inmigración (AILA), alrededor de 1,6 millones de inmigrantes perdieron su estatus legal durante el primer año del actual mandato, una cifra que las organizaciones utilizan para dimensionar el alcance del giro migratorio. La presión también se siente en la región, donde operativos recientes han interceptado a migrantes venezolanos que intentaban llegar a Aruba.
Qué deben hacer los refugiados en Estados Unidos que reciban una notificación
Aunque cada caso es distinto, abogados y organizaciones coinciden en una recomendación práctica: si llega una notificación del Gobierno, el reloj empieza a correr de inmediato. Con solo 10 días de plazo, conservar el sobre y la fecha de recepción, buscar asesoría migratoria el mismo día y recopilar cuanto antes los documentos de la admisión original puede marcar la diferencia entre mantener la protección y enfrentar un proceso de deportación.
Por ahora, la medida regirá desde este miércoles 14 de octubre y su aplicación práctica —cuántas notificaciones se emitan y a qué ritmo— será la primera prueba de su impacto real sobre los refugiados en Estados Unidos. Las organizaciones de apoyo anticipan nuevas demandas, por lo que el destino final de la política podría definirse, una vez más, en los tribunales federales.
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