Este miércoles, cientos de transportistas y comerciantes se lanzaron a las calles de Perú en una contundente muestra de rechazo ante la alarmante ola de extorsiones y asesinatos perpetrados por el crimen organizado.
En la tercera protesta de este tipo, la capital peruana se vio afectada por interrupciones en la movilidad en medio de un clamor generalizado por justicia y seguridad para los ciudadanos.
Voces de descontento y exigencias claras
Martín Valeriano, presidente de la Asociación Nacional de Integración de Transportistas, expresó su frustración al señalar que «no hay solución, sigue habiendo muertos».
Por otro lado, Yolanda Apaza, empresaria textil, denunció con firmeza: «Basta de corrupción, basta de sicariato, basta de extorsión. Cada 25 minutos están extorsionando a un peruano. No es posible».
Las marchas partieron desde diversos distritos de la ciudad con el objetivo común de llegar al Congreso y al Palacio de Gobierno para hacer oír sus reclamos y demandar acciones más enérgicas contra los extorsionadores.
Entre las principales solicitudes se encuentran la implementación de nuevas normativas para combatir la delincuencia y la renuncia del ministro del Interior, Juan José Santivañez.
Extensión de las protestas a nivel nacional
El paro nacional no se limitó a Lima; regiones como Piura, La Libertad, Ancash y Junín también se sumaron con marchas y bloqueos, evidenciando una preocupación extendida por la creciente inseguridad.
En localidades como Huacho y Huancayo, se llevaron a cabo manifestaciones similares, aunque de menor magnitud en comparación con la capital.
Si bien el llamado a la protesta fue liderado por gremios transportistas, se sumaron otros sectores como comerciantes, estudiantes y maestros en solidaridad con la causa de un Perú más seguro.
Respuesta gubernamental y escenario de violencia
Tras anteriores manifestaciones y un estado de emergencia decretado en distintos distritos de Lima, el gobierno intensificó sus operativos de seguridad para hacer frente a la inseguridad reinante.
Los métodos utilizados por las bandas criminales incluyen exigir pagos exorbitantes a las empresas de transporte bajo amenazas de violencia letal.
Durante este año, 14 ataques y tres chóferes asesinados han sido reportados, junto a más de 14 mil denuncias de extorsión registradas por la policía hasta septiembre.
