La protesta contra la mina en Panamá volvió a las calles este martes 17 de noviembre. Cientos de manifestantes se concentraron en Ciudad de Panamá para rechazar la decisión del Gobierno de negociar la reactivación de Cobre Panamá, la mina de cobre a cielo abierto más grande de Centroamérica, cerrada en 2023 por un fallo de la Corte Suprema de Justicia.
La movilización fue convocada por el movimiento Panamá Vale Más Sin Minería, que reúne a unas 40 organizaciones sociales y ambientalistas. El cable de EFE contó algo más de 500 participantes reunidos en los predios de la Iglesia del Carmen, en la capital, mientras la AFP cifró la protesta en unos 300 manifestantes. Entre las pancartas se leían «Fuera la minera» y «Panamá vale más sin minería», y varios asistentes agitaban banderas del país.
Protesta contra la mina en Panamá: «No hay marco legal»
El detonante fue el anuncio que el presidente José Raúl Mulino hizo el lunes: el inicio de conversaciones formales con Minera Panamá, filial de la canadiense First Quantum Minerals, para explorar un acuerdo que reactive el yacimiento ubicado en la provincia caribeña de Colón, como ya contó este medio al abrir Mulino la puerta a reactivar la mina de cobre clausurada en 2023. Las pláticas comenzarán este miércoles, según fuentes del Gobierno.
Los convocantes sostienen que no existe vía jurídica para esa reactivación. «En este momento no hay marco legal porque la moratoria minera impide nuevos procesos de extracción y de exploración», dijo a EFE la ambientalista y exvicealcaldesa de Panamá Raisa Banfield, en referencia a la Ley 407 de 2023, que establece una moratoria indefinida para nuevas concesiones de minería metálica. Para Lilian Guevara, coordinadora de la coalición, todas las opciones para devolverle a Cobre Panamá el derecho de explotar «violan la Constitución, violan el fallo de la Corte y violan la ley de moratoria minera».
Desde la calle, el rechazo también fue económico y ambiental. «El pueblo no quiere la mina. Dicen que la mina es importante porque ayuda con la creación de empleos, pero no toda la inversión extranjera es beneficiosa, no si dañan nuestros recursos naturales», dijo a la AFP Georgina Herrera, estudiante de comercio internacional de 24 años. Ricardo Wong, presidente de la Fundación para la Protección del Mar, advirtió que esta «es la primera protesta» y que «vendrán más», al recordar que en 2023 el país entero se manifestó contra la mina.
Lo que se sabe hasta ahora
En 2023, tras protestas masivas que paralizaron buena parte del país, la Corte Suprema declaró inconstitucional el contrato de concesión, que expiraba inicialmente en 2043, por irregularidades en la licitación, violaciones ambientales y falta de consulta a las comunidades.
El futuro del yacimiento estaba en manos de Mulino desde septiembre, cuando una comisión gubernamental recomendó un «cierre ordenado y autofinanciado» de la mina.
La explotación representaba unos 7.000 empleos directos y más del 4 % del producto interno bruto (PIB) de Panamá antes de su paralización.
Mulino asegura que la reactivación no se trataría de una concesión y que cualquier acuerdo buscará una nueva «figura jurídica», con respeto a las normas ambientales y mejores beneficios económicos para el país.
La protesta de este martes reabre en la calle el debate que Panamá creyó cerrado en 2023, en la misma semana en que el gremio periodístico también salió a defender otra causa en la capital, la de los periodistas que rodearon a Rolando Rodríguez frente a La Prensa. Ahora la palabra pasa a la mesa de negociación que el Gobierno abrirá este miércoles con la minera, bajo la vigilancia de un movimiento que ya prometió volver a marchar.