La mina de cobre de Panamá vuelve al centro del debate nacional: el presidente José Raúl Mulino anunció.
La mina de cobre de Panamá vuelve al centro del debate nacional: el presidente José Raúl Mulino anunció que su Gobierno abrirá conversaciones formales con Minera Panamá, filial de la canadiense First Quantum Minerals, para explorar un acuerdo que reactive el yacimiento a cielo abierto más grande de Centroamérica, clausurado en 2023 por violar normas ambientales y por la inconstitucionalidad de su concesión.
«He decidido ordenar el inicio de conversaciones formales con Minera Panamá para explorar la posibilidad de un acuerdo» sobre «la reactivación de la actividad minera», anunció Mulino en cadena nacional, sin detallar cuándo comenzarán las pláticas. El mandatario afirmó que el objetivo es obtener los «mayores ingresos posibles», generar «miles de empleos» y prevenir «posibles daños ambientales».
Mina de cobre de Panamá: lo que pesa el yacimiento de Donoso
Ubicada en la provincia caribeña de Colón, en el distrito de Donoso, la mina representaba el 75 % de las exportaciones panameñas y el 5 % del PIB del país. Generaba unos 6.000 empleos directos y unos 30.000 indirectos, según cifras del propio Gobierno. Su cierre, a finales de 2023, se produjo después de que la Corte Suprema de Justicia declarara inconstitucional la concesión, que expiraba inicialmente en 2043, y tras semanas de protestas que paralizaron gran parte del país.
El tema sigue dividiendo a Panamá: en las zonas cercanas a las instalaciones, una parte de la población pide la reapertura por los empleos que genera, mientras las organizaciones ambientalistas rechazan cualquier regreso de la operación. Panamá no es ajeno a las emergencias que movilizan al país; esta misma semana, un brote de malaria en Ancón puso en alerta sanitaria a las autoridades.
Reclamos por 27.000 millones y un litigio en pausa
Panamá enfrenta reclamos por unos 27.000 millones de dólares, equivalentes al 30 % de su PIB, derivados del cierre del proyecto. First Quantum paralizó su litigio arbitral a la espera de una decisión sobre la reactivación, y Mulino pidió a la empresa canadiense la «finalización de todos los procesos arbitrales» contra el país como parte de cualquier entendimiento.
El anuncio se produce pese a que desde 2023 rige en Panamá una ley que prohíbe nuevas concesiones mineras. Por eso el presidente aclaró que habría que buscar una nueva figura jurídica, porque «no se trata de una nueva concesión». Una comisión ministerial entregó recientemente un informe que recomienda reactivar las operaciones para realizar «un cierre ordenado» de las instalaciones, y Mulino reiteró que el objetivo a largo plazo es el «cierre viable, verificable y definitivo» del yacimiento.
Apoyos empresariales y rechazo ambientalista
«Nuestro país necesita empleo, inversión y oportunidades (…) una minería responsable puede contribuir a esas necesidades», declaró el expresidente de la Cámara Minera, Roderick Gutiérrez, al respaldar la decisión. Del otro lado, el rechazo fue inmediato: «Repudiamos y rechazamos el anuncio porque nuestra posición siempre será el cierre total» de la mina, afirmó Leysi Rodríguez, del movimiento campesino, en declaraciones a la AFP.
La negociación que ahora se abre definirá el futuro del mayor proyecto minero de Centroamérica y pondrá a prueba el equilibrio entre la urgencia económica de Panamá y las demandas ambientales que en 2023 lograron detenerlo. El país, puente comercial del continente —por donde también pasan rutas aéreas clave, como la del vuelo CM207 de Copa que esta semana declaró emergencia sobre Brasil—, se juega en esta mesa buena parte de su modelo de ingresos para la próxima década.
Lo que se sabe hasta ahora
Hasta el momento no hay fecha anunciada para la primera reunión entre el Gobierno y Minera Panamá, ni un borrador de acuerdo sobre la mesa. Lo confirmado es la orden presidencial de abrir conversaciones, la recomendación de la comisión ministerial de reactivar para ejecutar después un cierre ordenado y la condición de Mulino de que la canadiense retire sus arbitrajes. Del lado social, el país vuelve a partirse entre quienes ven en la mina empleo e inversión y quienes exigen su cierre definitivo por el daño ambiental.