La Procuraduría investiga a Benedetti y a Angie Rodríguez desde este martes. La Procuraduría General de la Nación abrió una investigación disciplinaria contra Armando Benedetti, exministro del Interior del gobierno de Gustavo Petro, y Angie Rodríguez, exdirectora del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), por su posible participación en el denominado «Pacto de Valledupar», el supuesto plan para que antiguos jefes paramilitares vincularan públicamente con las autodefensas a tres de los dirigentes más visibles de la política colombiana.
Lo que se sabe hasta ahora
La investigación la abrió este martes 20 de octubre la Sala Disciplinaria de Instrucción de la Procuraduría, con ponencia de la procuradora Patricia Carrillo Blanco.
El expediente busca establecer si Benedetti y Rodríguez conocieron o participaron en un plan para que exjefes de las AUC relacionaran con el paramilitarismo al presidente Abelardo de la Espriella, al expresidente Álvaro Uribe Vélez y al exvicepresidente Germán Vargas Lleras.
El caso nació de una queja de Pablo Bustos Sánchez, presidente de la Red de Veedurías de Colombia, y de las declaraciones que la propia Rodríguez dio en una entrevista publicada el 1 de agosto de 2026.
Abrir la investigación no significa que el plan esté probado ni que haya una falta disciplinaria: el Ministerio Público apenas empieza a establecer qué pasó.
Procuraduría investiga a Benedetti: qué fue el supuesto «Pacto de Valledupar»
Los hechos que hoy examina la Procuraduría se remontan a octubre de 2025, cuando representantes del Gobierno de Petro sostuvieron reuniones en Valledupar con antiguos comandantes de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), presentadas entonces como parte de los diálogos sociales de la política de paz. Según las denuncias que surgieron después, en esos encuentros se habría intentado que los excomandantes hicieran declaraciones públicas que ataran a De la Espriella, Uribe y Vargas Lleras con estructuras paramilitares, en plena antesala de la campaña presidencial de 2026.
La controversia explotó cuando la propia Angie Rodríguez señaló la presunta existencia de ese plan con objetivos políticos. Su versión fue respaldada en parte por Juan Carlos Villamizar, abogado y asesor del exjefe paramilitar Salvatore Mancuso, quien aseguró que en las reuniones sí se buscó que los excomandantes hablaran contra los tres dirigentes. Villamizar, eso sí, aclaró dos cosas que hoy pesan en el expediente: que no existió un pacto formal y que nunca se ofrecieron beneficios a cambio de las declaraciones. De acuerdo con su testimonio, los antiguos integrantes de las autodefensas rechazaron la propuesta.
Qué busca establecer el Ministerio Público
Con el auto de este 20 de octubre, la Procuraduría pretende determinar si existieron actuaciones irregulares desde la Presidencia de la República y cuál fue el grado real de participación de Benedetti y Rodríguez, que ejercían funciones públicas en la época de los hechos. La queja de Bustos Sánchez pedía esclarecer si desde el propio Gobierno se empujó un plan para involucrar a dirigentes políticos en conductas delictivas ligadas a organizaciones paramilitares, una acusación que, de comprobarse, convertiría un capítulo de la política de paz en un escándalo de persecución política con recursos del Estado.
El proceso apenas comienza y ninguno de los dos exfuncionarios ha sido declarado responsable de falta alguna. Pero el golpe político es inmediato: dos de las fichas más cercanas al petrismo quedan bajo la lupa del órgano de control por un caso que toca al presidente en ejercicio, a un expresidente y a un exvicepresidente. El expediente se suma a la seguidilla de frentes judiciales y políticos que sacuden a Colombia en plena temporada electoral, como la imputación de la Fiscalía contra Ricardo Orrego y la captura del exgobernador Everth Hawkins, mientras el Congreso acaba de aprobar el presupuesto 2027 de Colombia. Por qué importa: si la Procuraduría encuentra que el plan existió, Colombia estaría ante el uso de exparamilitares como arma electoral desde el poder; si no lo encuentra, quedará la pregunta de quién alimentó la denuncia que hoy tiene a dos exaltos funcionarios respondiendo ante el Ministerio Público.
