Los presos de la operación No a la Navidad volvieron al centro del reclamo público este jueves en el estado Zulia. Desde la sede del Colegio de Abogados regional, los familiares de cinco profesionales del derecho que permanecen privados de libertad desde hace casi dos años exigieron al fiscal general de la República, Larry Devoe, que promueva su liberación, invocando el derecho constitucional a la igualdad y a la no discriminación.
El pronunciamiento lo leyó Joennys Travez, esposa del abogado Francisco Javier Urdaneta, y lo suscribieron Karen Mata, esposa de José Gregorio Rondón; Germán León, esposo de Marjorie Plazas; Giuseppe Sepede, esposo de Maurelys Vílchez, y Luisa Prieto, madre de Pedro Velasco Prieto. Los cinco detenidos son los rostros que las familias pusieron al reclamo: abogados que, según sus allegados, siguen en prisión mientras otros procesados en el mismo expediente ya recuperaron la libertad.
Presos de la operación No a la Navidad: la desigualdad que denuncian las familias
El argumento central es de igualdad ante la ley. Los familiares celebraron las excarcelaciones del empresario José Enrique Rincón y de la estudiante Ronexy Magdaleno, procesados en el mismo expediente MP-16-92-38-2024, pero cuestionaron que sus seres queridos continúen detenidos. «Si otros procesados de la misma causa ya están en libertad, ¿por qué nuestros familiares siguen presos?», plantearon en el texto que leyeron ante los medios en Maracaibo.
La solicitud se fundamenta en dos normas concretas: el artículo 21 de la Constitución venezolana, que consagra la igualdad y prohíbe la discriminación, y el artículo 429 del Código Orgánico Procesal Penal, relativo al efecto extensivo de los recursos. Las familias pidieron que la Fiscalía evalúe aplicar ese efecto extensivo a los detenidos que permanecen en prisión, de modo que lo decidido a favor de unos procesados alcance también a los demás que están en la misma causa.
Acusaciones de traición a la patria y terrorismo sin pruebas, según la denuncia
Según los familiares, los cinco abogados enfrentan acusaciones de traición a la patria y terrorismo sin que existan pruebas que los vinculen con la supuesta conspiración armada anunciada en su momento por Diosdado Cabello bajo el nombre de operación «No a la Navidad». La denuncia sostiene que la detención se ha prolongado casi dos años sobre esa base, mientras el proceso avanzó de forma desigual para unos y otros implicados.
El reclamo de Zulia se suma a una cadena de movimientos recientes en torno a los detenidos por motivos políticos en Venezuela. Esta misma semana, el Parlamento y el Ministerio de Justicia acordaron revisar los casos de presos vulnerables con retardo procesal, una instancia que las organizaciones de derechos humanos miran con expectativa. Y días antes, dos detenidos del caso Paramacay recuperaron la libertad tras nueve años presos, una salida que alimentó la esperanza de otras familias que siguen esperando.
Un llamado a la mesa de negociación y al Gobierno encargado
En su pronunciamiento, los familiares saludaron los esfuerzos de la mesa de negociación auspiciada por Estados Unidos y llamaron a la diputada Dinorah Figuera y al Gobierno encargado de Delcy Rodríguez a continuar las excarcelaciones hasta lograr la libertad de todos los presos políticos. Su exigencia, dijeron, es clara: igualdad ante la ley, respeto al debido proceso y libertad para quienes aún permanecen detenidos.
El planteamiento conecta con la posición que ha sostenido la dirigencia opositora en las últimas semanas, cuando María Corina Machado afirmó que los presos políticos son héroes y que la historia los reconocerá. Por ahora, la palabra la tiene la Fiscalía: las familias zulianas pidieron formalmente que el fiscal general promueva la liberación y quedaron a la espera de una respuesta que, para cinco hogares de abogados, lleva casi dos años pendiente.
