La persecución a Williams Dávila se extendió a su familia. El dirigente opositor venezolano, exgobernador de Mérida y exdiputado de la Asamblea Nacional de 2015, denunció este miércoles 18 de noviembre que los cuerpos de seguridad del Estado emitieron una orden de solicitud contra uno de sus hijos con el único propósito, según afirmó, de impedir que viaje a Venezuela a visitarlo.
La denuncia la hizo pública a través de un pronunciamiento dirigido a Dinorah Figuera, presidenta del Parlamento de 2015, a la comisión de diálogo y a los organismos internacionales de derechos humanos, a quienes pidió atención sobre lo que calificó como una escalada contra su entorno más cercano.
Una orden contra su hijo para impedir la visita
«Denuncio ante Dinorah Figuera, la comisión de diálogo y los organismos internacionales que la persecución en mi contra ahora se extiende a mi entorno familiar», escribió Dávila. «Los cuerpos de seguridad del Estado han emitido una orden de solicitud contra uno de mis hijos con el único fin de impedir que viaje a Venezuela a visitarme».
El dirigente calificó la medida como una «represalia política injustificada que vulnera nuestros derechos fundamentales». Hasta el momento, las autoridades no han ofrecido una versión oficial sobre la orden denunciada ni sobre los motivos que la sustentarían.
La persecución a Williams Dávila: 201 días preso
Dávila conoce de primera mano el aparato judicial que hoy denuncia. Fue detenido el 8 de agosto de 2024 en Caracas, luego de participar en una vigilia por los presos políticos en Los Palos Grandes, y permaneció privado de libertad durante 201 días, casi siete meses, hasta su excarcelación bajo medidas cautelares el 25 de febrero de 2025.
Desde entonces continúa bajo un régimen de presentación periódica ante los tribunales y mantiene una prohibición de salida del país, por lo que tampoco puede viajar a reunirse con su hijo en el exterior: la orden denunciada ahora cerraría la única vía de encuentro que le quedaba a la familia, la visita del hijo a Venezuela.
Un patrón que se repite contra las familias opositoras
Las organizaciones de derechos humanos han documentado en los últimos años decenas de casos en los que la presión judicial contra dirigentes opositores venezolanos se traslada a sus familiares, con citaciones, retenciones en aeropuertos y órdenes que terminan empujando a familias enteras al exilio o a la separación prolongada.
El caso de Dávila se suma a esa lista en un momento en el que la situación de los presos políticos sigue en el centro del debate nacional, con jornadas recientes como la presencia de María Corina Machado en Caracas y con reclamos persistentes de excarcelación plena para quienes salieron bajo medidas cautelares.
El dirigente, figura histórica de Acción Democrática en resistencia y exgobernador merideño, ha mantenido una actividad pública constante desde su excarcelación, exigiendo la liberación de todos los presos políticos. Su denuncia de este miércoles traslada ahora el foco a su familia y deja una pregunta abierta: si la orden contra su hijo se confirma, la visita que esperaba podría convertirse en una detención en plena llegada al país.
La economía y la política venezolana se cruzan a diario en historias como el debate sobre los ingresos petroleros del país, pero para familias como la de Dávila el costo de la confrontación se mide en otra moneda: la distancia forzada entre un padre y su hijo.
El pronunciamiento de Dávila llega además en plena discusión sobre el alcance de las medidas cautelares que pesan sobre decenas de excarcelados políticos en Venezuela, que viven entre presentaciones periódicas, prohibiciones de salida y la incertidumbre de una reactivación de sus causas. Para sus familias, esas condiciones convierten cada visita, cada llamada y cada trámite en un recordatorio permanente del proceso que sigue abierto.