La investigación a la familia Trump que los demócratas preparan en la Cámara de Representantes dio este miércoles su primer paso formal en Washington. Robert García, el principal demócrata del Comité de Supervisión, envió doce notificaciones al círculo familiar y político del presidente Donald Trump para que conserven documentos y aporten información ante una futura indagación por presunta corrupción.
Las cartas llegaron al vicepresidente JD Vance, a los hijos del presidente, Donald Trump Jr. y Eric Trump, y a su yerno Jared Kushner. También las recibieron la exembajadora en Grecia Kimberly Guilfoyle, el jefe de Gabinete Stephen Miller, la exjefa de Gabinete Susie Wiles, la exsecretaria de Seguridad Nacional Kristi Noem y el fiscal general Todd Blanche, entre otros altos funcionarios y asesores.
Investigación a la familia Trump: tres frentes abiertos
Según el comunicado del comité, la indagación versará sobre el supuesto lucro y la corrupción corporativa que, a juicio de los demócratas, han rodeado a la segunda Administración Trump, así como sobre la conducta de las agencias migratorias. García mantiene abiertas tres líneas de trabajo: posibles esquemas de sobornos dentro de la administración, la política federal de inmigración y la exigencia de publicar los archivos del fallecido Jeffrey Epstein.
«Los demócratas en el comité de supervisión están luchando para poner fin a los actos de beneficio propio, la mala conducta y los abusos de esta Administración. Estas investigaciones sentarán las bases para una legislación que ayude a todos los estadounidenses», afirmó García, quien aseguró que «esto es solo el comienzo».
Un comité que cambiará de manos en enero
García, representante por California, se perfila para liderar el Comité de Supervisión en la nueva legislatura que arranca en enero, y viene sentando las bases de la estrategia demócrata para escrutar las actuaciones de Trump desde que el presidente llegó a la Casa Blanca en enero de 2025. El movimiento se suma a otros frentes que el nuevo control demócrata abre sobre la Casa Blanca, como el control sobre Venezuela que los demócratas vigilarán desde el Congreso, y llega mientras Trump sigue presumiendo su política energética, como cuando sumó a Venezuela al hablar de la energía de Estados Unidos.
Por ahora no hay citaciones ni audiencias anunciadas: lo que hay es una orden de preservar papeles. Pero en Washington ese paso suele ser el que convierte un anuncio político en una investigación con consecuencias, porque obliga a cada destinatario a guardar la documentación que el comité podrá reclamar cuando la nueva legislatura entre en funciones.