Venezuela

Los venezolanos migrantes podrán juntar sus años de cotización en 13 países para cobrar una pensión

Las pensiones en el exterior de millones de venezolanos podrían cambiar a partir de febrero de 2027.

Las pensiones en el exterior de millones de venezolanos podrían cambiar a partir de febrero de 2027. Venezuela formalizó el depósito del instrumento de ratificación del Convenio Multilateral Iberoamericano de Seguridad Social, un tratado que permitirá sumar los años cotizados en el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) con los aportados en otros 13 países para completar los requisitos y acceder a una pensión.

El trámite se cumplió el pasado 5 de noviembre durante la XXX Cumbre Iberoamericana, celebrada en Madrid, España, donde también quedó firmado el Acuerdo de Aplicación del convenio. Con esos dos pasos, Venezuela completó los requisitos que exige el artículo 31 del tratado, según informó la Organización Iberoamericana de Seguridad Social (OISS).

Pensiones en el exterior: qué permite exactamente el convenio

El mecanismo se llama totalización: un trabajador que cotizó una parte de su vida laboral en Venezuela y otra en un país del bloque podrá sumar ambos períodos para alcanzar el tiempo mínimo que exige la ley del país donde reside y así optar a una pensión por vejez, jubilación, invalidez o supervivencia.

El acuerdo no contempla el envío directo de dinero entre países. Cada Estado pagará la parte que le corresponda según los años cotizados en su sistema, conforme a los procedimientos administrativos que se activen cuando el convenio entre en vigor.

La fecha clave es febrero de 2027: el tratado establece que, para los Estados que se adhieren, entra en vigor el primer día del tercer mes siguiente al depósito del instrumento de ratificación ante la Secretaría General Iberoamericana. Como Venezuela hizo el depósito el 5 de noviembre de 2026, sus efectos comienzan en febrero del año próximo.

Los 13 países donde aplica el acuerdo

El convenio ya opera en Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, El Salvador, España, Paraguay, Perú, Portugal, República Dominicana y Uruguay. Con la incorporación de Venezuela, el mecanismo alcanzará los 14 Estados con aplicación efectiva.

Costa Rica y Honduras también figuran entre los países firmantes, pero todavía no forman parte del grupo donde el acuerdo tiene aplicación práctica, por lo que las cotizaciones en esos dos países aún no se pueden totalizar.

Para la diáspora venezolana, la lista cubre sus destinos principales: España, Colombia, Perú, Chile, Ecuador, Argentina y República Dominicana concentran a la mayor parte de los migrantes que han trabajado formalmente fuera del país en la última década.

Quiénes se benefician y quiénes quedan fuera

El convenio está dirigido a trabajadores que hayan estado afiliados a los sistemas contributivos de seguridad social de dos o más países miembros. También pueden beneficiarse los trabajadores independientes, siempre que estén afiliados a un régimen contributivo reconocido por la legislación del país donde desarrollan su actividad.

La cara dura del acuerdo es la informalidad: quienes trabajan sin realizar aportes a esos sistemas no podrán sumar esos períodos como cotizaciones. Para miles de venezolanos que han sobrevivido en empleos informales en su país de acogida, esos años no contarán, por largos que hayan sido.

La brecha que el convenio no cierra

Los montos muestran la distancia que separa a Venezuela del resto del bloque. España registra la pensión más alta: en 2026, la jubilación contributiva para mayores de 65 años sin cónyuge alcanzó los 936,20 euros mensuales. Perú se ubica cerca de los 147 dólares, Argentina en torno a los 282 dólares y Brasil alrededor de los 286 dólares.

Venezuela ocupa el último lugar de la región con 130 bolívares mensuales, unos 0,14 dólares al cambio oficial. Esa es la realidad de los adultos mayores que se quedaron en el país, un grupo cuya vulnerabilidad ya quedó retratada en el informe que ubicó al 77 % de los adultos mayores venezolanos en nivel severo o extremo de vulnerabilidad.

La advertencia de los especialistas

El anuncio no convence a todos. Para Tomás Páez, coordinador del Observatorio de la Diáspora Venezolana, el acuerdo «suena más a publicidad» y resulta una falacia mientras las pensiones dentro del país sigan en 130 bolívares mensuales y los pagos internacionales continúen suspendidos.

Los especialistas en seguridad social advierten, además, un punto que los migrantes deben tener claro: la adhesión al tratado no reactiva los giros bancarios de las pensiones venezolanas que permanecen suspendidos desde 2015 para quienes ya estaban jubilados antes de emigrar. Quien cobraba su pensión del IVSS y salió del país hace una década no recuperará esos pagos por esta vía.

Aun con esas sombras, el convenio abre una puerta real para la generación que salió de Venezuela en edad laboral y hoy cotiza en otro país iberoamericano: sus años del IVSS ya no quedarán perdidos. Para una diáspora que reconstruye su vida lejos de casa —la misma que protagoniza historias como la película sobre el regreso y la migración venezolana—, febrero de 2027 marcará el momento de empezar a reunir papeles y a reclamar, país por país, el tiempo trabajado.

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