Un informe reciente presentado por el Grupo de Expertos en Derechos Humanos de la ONU sobre Nicaragua ha revelado que el gobierno de Daniel Ortega y su esposa, Rosario Murillo, han consolidado un régimen autoritario en el país, eliminando los últimos controles institucionales y silenciando a las voces disidentes.
Por primera vez, se ha confirmado que el Ejército nicaragüense participó junto con la policía y grupos paramilitares en la violenta represión de las protestas de 2018, que dejaron más de 300 muertos. Esta implicación había sido negada hasta ahora, pero el informe proporciona evidencia que respalda estos hallazgos.
El informe destaca que Ortega y Murillo han transformado a Nicaragua en un Estado donde el partido gobernante y el Estado se han fusionado en una maquinaria de represión, con una red de inteligencia que supervisa a toda la población. La reciente reforma constitucional ha eliminado los pocos controles institucionales restantes, otorgando al poder ejecutivo un dominio absoluto. Los poderes judicial, legislativo y electoral ahora están subordinados a la presidencia, lo que ha consolidado el control total del gobierno sobre las instituciones del país.
El informe también documenta la expulsión de 452 nicaragüenses de su nacionalidad, incluyendo a 135 presos políticos que fueron enviados a Guatemala como apátridas en septiembre pasado. Esta práctica de despojar de la nacionalidad a opositores políticos es una violación grave del derecho internacional y ha dejado a muchas personas sin estado. Además, el Grupo de Expertos ha elaborado una lista de personas responsables de violaciones de derechos humanos y crímenes de lesa humanidad, que será hecha pública antes del 4 de abril.
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La situación en Nicaragua ha sido calificada como un «gobierno en guerra contra su propio pueblo» por Ariela Peralta, miembro del Grupo de Expertos. La persecución por motivos políticos sigue siendo un patrón común, y las violaciones de derechos humanos continúan sin cesar. La comunidad internacional ha sido instada a tomar acciones legales contra Nicaragua ante la Corte Internacional de Justicia y a facilitar procedimientos de asilo para los nicaragüenses exiliados.
