La Oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos advirtió este jueves que el nuevo decreto que regula las protestas en Colombia podría facilitar el uso de la fuerza policial durante las manifesta…
La Oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos advirtió este jueves que el nuevo decreto que regula las protestas en Colombia podría facilitar el uso de la fuerza policial durante las manifestaciones, por la amplitud de varios de los criterios que autorizan la intervención de los uniformados.
La norma, firmada el martes por el presidente Abelardo de la Espriella, modifica las reglas de actuación de la Policía y permite actuar contra personas que cometan actos violentos sin esperar a que concluya el diálogo con los manifestantes. Para la ONU, ese cambio interrumpe de forma prematura las instancias de mediación y eleva el riesgo de abusos, incluso contra quienes se movilizan de manera pacífica.
La ONU cuestiona cómo se pone fin al diálogo en las protestas en Colombia
En el documento divulgado este jueves, el organismo cuestionó las condiciones fijadas para dar por terminados los procesos de diálogo entre la fuerza pública y los participantes en una movilización. A su juicio, varias causales quedaron redactadas de forma ambigua y permiten interpretaciones discrecionales, lo que abre la puerta a intervenciones antes de agotar las alternativas de resolución pacífica.
La Oficina recordó además un principio central de los estándares internacionales: el uso de la fuerza, incluidas las armas menos letales, debe ser el último recurso, una vez agotados los medios de contención no violentos. Actuar contra quienes cometan hechos violentos, subrayó, no debería significar suspender la conversación con el resto de manifestantes que siguen ejerciendo su derecho de forma pacífica.
Una definición de violencia más amplia que la internacional
Otro de los señalamientos apunta a la definición de actos violentos incluida en el decreto, que la ONU considera más amplia que la contemplada en los estándares internacionales. La norma incorpora, entre otras conductas, amenazas de agresión y comportamientos que no necesariamente provocan lesiones, muertes o daños graves a los bienes.
Por eso el organismo pidió diferenciar con precisión tres situaciones distintas: portar un objeto que pueda considerarse un arma, amenazar con utilizarlo y emplearlo efectivamente. Portar un elemento potencialmente peligroso, advirtió, no convierte por sí solo a una persona en violenta ni cambia el carácter pacífico de una concentración. Entre los hechos que el decreto sí contempla como graves figuran el uso de armas, la retención de personas contra su voluntad, las agresiones a terceros y la destrucción de infraestructura, riesgos que, según la ONU, no son equivalentes y deben abordarse de manera diferenciada.
Los bloqueos de vías, en el centro de la discusión
La Oficina también expresó preocupación por los criterios relativos a la obstrucción de vías públicas. Señaló que un bloqueo no convierte automáticamente una protesta en violenta y pidió revisar el concepto de perturbación grave e inminente, al considerar que, tal como está formulado, podría utilizarse para justificar la disolución de manifestaciones pacíficas.
En la misma línea, sostuvo que factores como la duración de un bloqueo, la importancia de una carretera o las pérdidas económicas derivadas de una protesta no deberían justificar por sí solos el uso de la fuerza, y rechazó que el daño a actividades productivas sirva de argumento para ordenar despliegues coercitivos. La protesta social, insistió, debe mantenerse como el eje garantista de cualquier modificación legal en esta materia.
La ONU reconoce avances y pide proteger la protesta pacífica
Pese a las observaciones, Naciones Unidas reconoció que algunas disposiciones del decreto podrían contribuir a proteger el derecho a la protesta, en especial las que buscan distinguir entre manifestantes pacíficos y personas que cometen actos violentos. La Oficina informó además que mantuvo contactos con el Gobierno colombiano durante la elaboración de la norma y que algunas de sus propuestas fueron incorporadas al texto finalmente aprobado.
La advertencia llega en un país donde la seguridad y el orden público ocupan el centro de la agenda, como se vio esta misma semana con el ataque con granadas en Cali que dejó cuatro policías y un civil heridos y con operativos como el que desarticuló una red de narcotráfico en La Guajira. El debate que plantea la ONU es cómo responder a esa violencia sin estrechar el espacio de la movilización ciudadana, un tema que también atraviesa otras decisiones recientes del Gobierno, como el retiro de Colombia del Grupo de La Haya.
Para la diáspora colombiana en Estados Unidos, que sigue de cerca la situación del país y participa desde fuera en sus debates públicos, la discusión no es menor: define qué puede esperar quien sale a marchar en Colombia y qué límites tendrán las autoridades para intervenir. La ONU reiteró que cualquier ajuste a las reglas de actuación policial debe tener como objetivo principal proteger las manifestaciones pacíficas y respetar los derechos humanos, y dejó sus recomendaciones sobre la mesa del Gobierno.
Para la comunidad colombiana en el exterior, el seguimiento a las protestas en Colombia pasa también por los estándares internacionales: la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos (OHCHR) publica las directrices que se aplican a las protestas en Colombia y que el organismo usará para evaluar el decreto en las próximas semanas. La evolución de las protestas en Colombia en los próximos días mostrará el alcance real de la norma.
