La ofensiva contra el ELN y las disidencias de las FARC entró en una nueva fase este lunes: el presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella.
La ofensiva contra el ELN y las disidencias de las FARC entró en una nueva fase este lunes: el presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, anunció el endurecimiento total de las operaciones militares contra ambas estructuras armadas, a las que responsabilizó de narcotráfico y terrorismo. La decisión fue comunicada tras una reunión regional de seguridad en Arauca, departamento fronterizo con Venezuela y uno de los territorios más golpeados por la presencia de grupos armados.
«He ordenado una ofensiva total contra el ELN y las disidencias de las FARC. Esos miserables narcoterroristas sabrán, en la era del tigre, cómo la voluntad política se materializa en hechos concretos», declaró el mandatario al concluir el encuentro, en la formulación más dura que ha empleado contra las dos organizaciones desde que llegó al poder.
La ofensiva contra el ELN apunta también a sus finanzas
De la Espriella, conocido entre sus seguidores como «El Tigre», afirmó que la ofensiva contra el ELN estará dirigida tanto contra los cabecillas de estas organizaciones como contra las fuentes de financiación que les permiten mantener sus operaciones. El objetivo declarado es debilitar sus estructuras logísticas y económicas para avanzar hacia su desarticulación definitiva.
El anuncio se suma a otras decisiones de seguridad y soberanía adoptadas por su gobierno en las últimas semanas, como la definición por decreto de las aguas territoriales de Colombia en el Caribe, y a golpes recientes contra las disidencias, entre ellos la captura de alias Junior Rojas, cabecilla financiero de las disidencias de Calarcá, en el Meta.
Sin negociación mientras el ELN mantenga secuestrados
La ofensiva contra el ELN anunciada este lunes es, hasta ahora, la decisión de seguridad de mayor calado del gobierno de De la Espriella, y se concentrará en los corredores fronterizos por donde esas estructuras mueven sus finanzas ilícitas, según lo anunciado por el propio mandatario.
En el mismo mensaje, el jefe de Estado exigió al ELN la liberación inmediata de cinco funcionarios que permanecen secuestrados por esa guerrilla. Entre ellos se encuentran dos integrantes del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía, retenidos desde mayo de 2025, un caso que se ha convertido en símbolo del costo humano del conflicto en la frontera.
Como parte de las acciones anunciadas, el presidente ordenó intensificar las labores de búsqueda y rescate a través del Gaula, los grupos especializados en la lucha contra el secuestro y la extorsión. «He ordenado al Gaula intensificar las operaciones para rescatarlos. Esos secuestrados no los vamos a olvidar», afirmó.
Lo que se sabe hasta ahora
De la Espriella descartó abrir negociaciones con estas organizaciones mientras continúen las acciones criminales y condicionó cualquier salida a la entrega de los secuestrados: no negociará con «el narcoterrorismo» y la única opción de los grupos, insistió, es entregar a los retenidos o enfrentar «todo el peso de la ley». Arauca se mantiene como uno de los territorios colombianos más castigados por el conflicto: ELN y disidencias se disputan allí zonas estratégicas para el narcotráfico por su ubicación en la frontera con Venezuela, una confrontación que en 2022 dejó más de 130 asesinatos y obligó a miles de personas a abandonar sus hogares. Con el anuncio de este lunes, la ofensiva contra el ELN queda formalmente abierta.
El endurecimiento anunciado también redefine el margen de cualquier acercamiento: hasta ahora, la suerte de los retenidos era el principal punto de fricción con el ELN, y la orden de este lunes convierte su liberación en condición previa e innegociable. Organizaciones de derechos humanos en Arauca han advertido en el pasado que cada escalada militar en el departamento termina pagándose en las veredas, con confinamientos y desplazamientos de la población civil atrapada entre los dos fuegos.
Por qué importa
La orden presidencial marca un giro de confrontación abierta en la política de seguridad colombiana y tiene lectura directa para Venezuela: el teatro de operaciones anunciado es la franja fronteriza compartida, por donde se mueven las rutas del narcotráfico y los desplazamientos forzados que afectan a comunidades de ambos lados. Para la diáspora colombiana y venezolana, la evolución de esta ofensiva contra el ELN —y la suerte de los cinco funcionarios secuestrados— será el termómetro de si la «era del tigre» se traduce en control territorial o en una nueva escalada de violencia en la frontera.
