Venezuela

Murió un recluso en El Marite por anemia y el OVP exige una investigación

La muerte en El Marite de un recluso durante el fin de semana volvió a poner bajo la lupa las condiciones sanitarias de las cárceles venezolanas.

La muerte en El Marite de un recluso durante el fin de semana volvió a poner bajo la lupa las condiciones sanitarias de las cárceles venezolanas. El Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) denunció este lunes 16 de noviembre el fallecimiento de Blas Federico Mendoza Gallardo en el centro de reclusión Doctor Francisco Delgado, la antigua cárcel de El Marite, en Maracaibo, estado Zulia, y señaló que su muerte estuvo asociada a un cuadro de anemia moderada.

La organización no gubernamental hizo pública la denuncia en su cuenta de X y la acompañó de una advertencia que va más allá de este caso concreto: el deceso ocurre, sostuvo, en medio de una crisis sanitaria crítica dentro de los centros penitenciarios del país, donde las fallas en la atención médica y la escasez de medicamentos ponen en riesgo la vida de quienes están privados de libertad.

Muerte en El Marite: lo que exige el OVP

El OVP exigió al Ministerio Público investigar las circunstancias de la muerte de Mendoza Gallardo, determinar qué atención médica recibió mientras estuvo recluido y establecer las responsabilidades correspondientes ante posibles omisiones. También instó a la Defensoría del Pueblo a ejercer sus competencias constitucionales y a interponer las acciones necesarias para proteger la vida y la salud de la población penitenciaria.

«El silencio y la inacción institucional frente a estas denuncias favorecen la impunidad», recalcó la organización. Su director, Humberto Prado, fue todavía más directo: advirtió que la privación de libertad en Venezuela se está convirtiendo en una pena de muerte que no contempla la Constitución, mientras las instituciones encargadas de proteger los derechos de los reclusos permanecen sin ofrecer respuestas efectivas.

Familias que pagan el tratamiento de los presos

Detrás del caso hay un patrón que las organizaciones de derechos humanos repiten desde hace años. A la falta de atención oportuna se suma, según el OVP, la carga que enfrentan los familiares, obligados en numerosos casos a costear tratamientos, exámenes e insumos que deberían ser suministrados por las autoridades penitenciarias. Cuando la familia no puede pagar, el enfermo queda a merced de la evolución de su cuadro.

La denuncia recuerda que el Ministerio para el Servicio Penitenciario, encabezado por Julio García Zerpa, debe garantizar medicamentos, atención médica y traslados hospitalarios oportunos. «Después de más de dos años de gestión, las deficiencias sanitarias denunciadas requieren medidas concretas y resultados verificables», señaló el observatorio. No es un reclamo aislado: en las cárceles venezolanas se acumulan historias como la de Hermágoras González, que cumplió su condena en 2023 y sigue preso en Yare III a la espera de una libertad que no llega.

Lo que ordenan la Constitución y las Reglas Mandela

El OVP fundamentó su exigencia en el artículo 43 de la Constitución, que declara inviolable el derecho a la vida, prohíbe la pena de muerte y obliga al Estado a proteger a las personas privadas de libertad, y en el artículo 272, que exige un sistema penitenciario respetuoso de los derechos humanos. También citó las Reglas Nelson Mandela de la ONU: la regla 24 establece que la atención médica de los reclusos es responsabilidad del Estado, y la regla 71 exige notificar toda muerte bajo custodia a una autoridad independiente para que sea investigada de manera pronta, imparcial y efectiva.

Sobre el papel, ese marco es claro. En la práctica, las denuncias de personas enfermas sin atención oportuna y de familias que deben asumir los gastos médicos continúan, y cada fallecimiento bajo custodia reabre la misma pregunta: qué atención recibió el recluso antes de morir. La presión sobre las instituciones venezolanas crece también en otros frentes, como mostró la decisión de la relatora de la ONU de seguir el paro nacional y vigilar represalias contra manifestantes, o la tensión vivida en la protesta de trabajadores y jubilados en Maracaibo, la misma ciudad donde está El Marite.

Por ahora no hay pronunciamiento oficial sobre la muerte de Mendoza Gallardo. El OVP insiste en que la crisis de salud en las cárceles exige acciones inmediatas de los poderes públicos para evitar más muertes, y en que cada caso debe investigarse hasta determinar si hubo omisión. La respuesta, como en tantas denuncias anteriores, queda en manos de las instituciones señaladas.

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