La condena de Hermágoras González terminó el 8 de diciembre de 2023, pero su prisión no. Casi tres años después de cumplir la pena de 15 años y nueve meses que le impuso un tribunal de Caracas, el zuliano de origen wayúu permanece recluido en Yare III, en el estado Miranda, mientras su defensa acumula escritos ante tribunales, la Fiscalía y la Defensoría del Pueblo sin obtener la orden de excarcelación que, sostiene, le corresponde por mandato constitucional.
El caso lo documentó El Nacional en un reportaje publicado este domingo 15 de noviembre de 2026, con los documentos presentados por su abogado, Juan Ernesto Garantón Hernández, y el testimonio de su hermana Lucy González Polanco, la única familiar que puede visitarlo. La defensa no pide una reducción de pena ni un beneficio procesal: pide que se ejecute la libertad de un hombre que, según el cómputo presentado, ya pagó completa la sanción que le impusieron.
Hermágoras González y una detención que comenzó en 2008
González Polanco fue detenido el 8 de marzo de 2008 en una finca agropecuaria del estado Zulia, identificada como Hacienda La Trinchera. Según el relato de su familia, fue trasladado a Caracas junto con 43 trabajadores de la propiedad y procesado por legitimación de capitales. El 2 de julio de 2013, el Tribunal Primero de Primera Instancia en Funciones de Juicio del Área Metropolitana de Caracas lo condenó a 15 años y nueve meses de prisión.
Durante su reclusión pasó por varios centros: permaneció cinco años en el Helicoide, donde fue operado de la vesícula en el Hospital Militar y devuelto al centro de detención apenas dos días después de la intervención; luego estuvo dos años en Rodeo I, etapa en la que murió su madre sin que pudiera verla ni acompañar a su familia en la despedida, una pérdida con una dimensión especial para un hombre de origen wayúu, en cuya cultura la madre es el centro del linaje. Después fue llevado al centro Fénix, en Lara, donde terminó de cumplir la condena, y hace cerca de dos años fue trasladado a dependencias policiales —La Yaguara, Zona 7 y Maripérez— antes de llegar a Yare III, donde permanece hoy.
Los recursos de la defensa no han tenido respuesta
La batalla legal por su libertad empezó antes incluso de que la pena venciera. El 21 de abril de 2023, la defensa presentó un amparo constitucional por la omisión de pronunciamiento del Tribunal Octavo de Ejecución del Área Metropolitana de Caracas, el encargado de la causa. La Sala 8 de la Corte de Apelaciones declaró inadmisible ese amparo el 13 de agosto de 2025. Ante esa decisión, Garantón Hernández acudió a la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia: en un escrito fechado el 4 de noviembre de 2026, con expediente AA50-T-2025-000966, solicitó que se ratifique el recurso y se ordene la libertad inmediata de su representado.
La defensa también presentó el 23 de octubre de 2026 una nueva diligencia ante el Tribunal Octavo de Ejecución, en la que reiteró la solicitud de excarcelación y advirtió sobre el deterioro de la salud de González Polanco, que padece diversas patologías que requieren atención médica. La situación, según los escritos, fue denunciada además ante la Fiscalía General de la República, la Defensoría del Pueblo y la Comisión de Seguimiento de la Ley de Amnistía, sin que hasta ahora alguna de esas instancias haya resuelto el caso.
Lo que dice la Constitución sobre cumplir la pena
El reclamo se apoya en el artículo 44 de la Constitución, cuyo numeral 5 establece que ninguna persona continuará en detención después de dictada la orden de excarcelación por la autoridad competente o una vez cumplida la pena impuesta. Para la familia, la frase de Lucy González Polanco resume la situación: «Cumplió su pena y todavía sigue detenido». El debate, como plantea el propio reportaje, ya no gira en torno a la condena de 2013, sino a la ausencia de una respuesta judicial que explique por qué un hombre sigue privado de libertad casi tres años después de haberla cumplido.
8 de marzo de 2008: detención en una finca agropecuaria del estado Zulia, según la documentación y el relato familiar. 2 de julio de 2013: sentencia condenatoria de 15 años y nueve meses de prisión por legitimación de capitales. 21 de abril de 2023: la defensa presenta un amparo constitucional por la omisión de pronunciamiento del tribunal de ejecución. 8 de diciembre de 2023: fecha en que, según el cómputo de su abogado, terminó de cumplir la condena. 13 de agosto de 2025: la Sala 8 de la Corte de Apelaciones declara inadmisible el amparo. 23 de octubre de 2026: nueva solicitud de excarcelación ante el Tribunal Octavo de Ejecución. 4 de noviembre de 2026: escrito ante la Sala Constitucional del TSJ pidiendo su libertad inmediata.
Mientras esos escritos esperan respuesta, Hermágoras González sigue en Yare III, con la salud deteriorada y una condena que en el papel ya terminó. Su familia teme que la prolongación de la reclusión agrave su estado y sostiene que seguirá acudiendo a todas las instancias hasta que la libertad que marca la Constitución se haga efectiva.
