Los mineros de El Callao alzaron la voz.
Los mineros de El Callao alzaron la voz. La Alianza Agrominera Mama Pancha, representada por su presidenta Yunices Barreto, solicitó la intervención urgente del Ejecutivo nacional ante las presuntas irregularidades administrativas y las situaciones de hostigamiento que, según denuncian, afectan a los trabajadores del corredor Nacupay, en ese municipio aurífero del estado Bolívar.
Barreto denunció la supuesta existencia de una red de cobros ilícitos enquistada en despachos vinculados con el Ministerio de Desarrollo Minero Ecológico y la Corporación Venezolana de Minería (CVM). De acuerdo con su testimonio, la tramitación de documentos indispensables para la actividad minera se habría convertido en un mecanismo de extorsión económica contra los pequeños y medianos productores de la zona.
Mineros de El Callao: hasta 25.000 dólares por el Registro Único Minero
La dirigente gremial aseveró que para otorgar el Registro Único Minero (RUM) se exigirían pagos irregulares que oscilan entre 10.000 y 25.000 dólares. En sus declaraciones señaló de forma expresa a Desire Hidalgo, asistente ministerial, y a otros funcionarios que estarían vinculados con estas exigencias extralegales. Hasta el momento, las autoridades señaladas no han respondido públicamente a la denuncia.
A los supuestos cobros ilegales se suma un prolongado retraso administrativo que dificulta las faenas de la pequeña y mediana minería al sur de Bolívar. Barreto sostuvo que las autoridades mantienen un silencio que obstaculiza la regularización formal del gremio y deja a los trabajadores sin respuesta.
Tres años esperando los papeles para trabajar legal
Según la representante, numerosos trabajadores acumulan hasta tres años a la espera de cartas de inicio de operaciones, actas de arrime, adendas contractuales y la inscripción definitiva en el RUM. Esta situación, denunció, mantiene en la indefensión a cientos de productores que buscan operar dentro del marco legal vigente y que, sin esos documentos, quedan expuestos a operativos y sanciones.
La afectación sobre las comunidades, además, rebasó el ámbito de los despachos oficiales. Barreto denunció la presunta ejecución de incursiones intimidatorias a cargo de comisiones de la Guardia Nacional Bolivariana, la Dgcim y la Unidad Especial JEPAMO, cuyos funcionarios portarían armas largas e indumentaria con los rostros cubiertos.
Denuncian despojo de arenas y material aurífero
La vocera alertó también sobre supuestas maniobras amparadas en la estructura de la disuelta Minervén para desalojar a mineros de áreas donde ya ejecutaron inversiones. Añadió que estas acciones han derivado en la sustracción indebida de arenas y material aurífero acopiado en los patios de trabajo, con pérdidas que los afectados no han podido reclamar por las vías formales.
El amedrentamiento, relató, alcanzó al liderazgo de su propia organización: Barreto indicó que permaneció detenida durante siete meses junto con dos de sus hijos tras imputaciones por supuestos delitos ambientales. Según explicó, la causa fue posteriormente desestimada tras aclaratorias emanadas del propio despacho ambiental, lo que calificó como una instrumentalización del sistema penal para criminalizar a los mineros artesanales.
Piden una investigación exhaustiva en Bolívar
Barreto advirtió que la difusión de mensajes institucionales que muestran normalidad en redes sociales busca encubrir los atropellos que padece el sector en el estado Bolívar, e insistió en que el gobierno central debe investigar de manera exhaustiva el manejo interno de la actividad aurífera.
El Callao es uno de los municipios mineros más antiguos de Venezuela y su producción de oro sostiene a miles de familias del sur del país. La denuncia de la Alianza Agrominera Mama Pancha pone sobre la mesa el costo de formalizarse: si un trámite indispensable llega a cotizarse en decenas de miles de dólares, la minería legal se vuelve inalcanzable para el pequeño productor. Seguiremos el caso en nuestra cobertura de Venezuela. (Con información de El Nacional)
