La frontera con Estados Unidos «no puede modificarse por decisión de un Gobierno estatal».
La frontera con Estados Unidos «no puede modificarse por decisión de un Gobierno estatal», advirtió este viernes la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) de México, en respuesta a las acciones de las autoridades de Texas, que sostienen que nueve islas del río Bravo pertenecen a ese estado y autorizaron el acceso de elementos del Ejército a esa demarcación.
«La frontera entre México y Estados Unidos no puede modificarse por decisión de un gobierno estatal. Sus límites se definen por criterios establecidos en un tratado internacional», destacó la Cancillería mexicana en un comunicado difundido este viernes, en el que fijó la posición oficial de México frente al anuncio tejano.
La frontera con Estados Unidos se define por el Tratado de Límites de 1970
La Cancillería explicó que el Tratado de Límites de 1970, celebrado entre ambos países, establece que en el río Bravo el límite internacional corre por el centro del cauce normal del río. «Ese límite determina la soberanía de las tierras en ambos lados de la frontera, independientemente de la soberanía previa que hayan tenido esas tierras», agregó la SRE.
La dependencia recordó además que la Comisión Internacional de Límites y Aguas (CILA) es la instancia facultada por ambos Gobiernos para «aplicar el Tratado y determinar de qué lado del límite se encuentra cada isla». «Ninguna autoridad estatal tiene esa atribución», zanjó la oficina diplomática, en una respuesta directa a la decisión anunciada por Texas.
El comunicado añadió que «ningún país puede construir obras que, a juicio de la CILA, puedan desviar u obstruir el escurrimiento normal del río», una advertencia que apunta a cualquier intervención física sobre el cauce o sobre las islas en disputa.
Nueve islas del río Bravo y unos 66 acres en disputa
La respuesta mexicana ocurre dos días después de que el Gobierno de Texas, a través de un mensaje de la comisionada de Tierras de ese estado, Dawn Buckingham, anunciara que se había apoderado de nueve islas ubicadas en la frontera acuática de ambos países y que había autorizado el acceso a elementos del Ejército en dicha demarcación.
«Con una extensión total de aproximadamente 66 acres, estas islas quedan ahora bajo la jurisdicción del estado de Texas, lo que permitirá a las fuerzas del orden federales y estatales proteger estos terrenos y erradicar cualquier actividad ilegal en ellos», escribió la Oficina General de Tierras de Texas (GLO, en inglés) en la red social X al anunciar la medida.
Frente a esa ofensiva, la SRE dijo que «dará seguimiento puntual a cualquier acción en la zona», al tiempo que reiteró «su compromiso con el cumplimiento de los tratados que rigen la frontera común y con el diálogo bilateral a través de los mecanismos establecidos» entre los dos países.
Un nuevo roce en medio de la tensión migratoria
El intercambio ocurre en un contexto de tensión migratoria entre México y Estados Unidos, que se ha intensificado desde el inicio del segundo mandato del presidente estadounidense, Donald Trump, con la frontera común como escenario recurrente de anuncios, operativos y respuestas diplomáticas entre ambos Gobiernos.
Para las comunidades que viven a ambos lados del río Bravo, y para los millones de mexicanos y latinoamericanos que siguen de cerca todo lo que ocurre en la línea divisoria, la precisión de la Cancillería tiene una lectura práctica: la soberanía sobre cada isla del río no la decide un estado, sino el tratado vigente y la comisión binacional creada para aplicarlo.
La posición mexicana queda así registrada por la vía diplomática, mientras Texas mantiene su anuncio de jurisdicción sobre las nueve islas. Cualquier movimiento adicional en la zona será seguido por la SRE, según su propio comunicado, y el cauce institucional para dirimir de qué lado del límite queda cada isla es la CILA, no una decisión unilateral.
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