Las mesas electorales de España para las elecciones generales del próximo 29 de noviembre están.
Las mesas electorales de España para las elecciones generales del próximo 29 de noviembre están en el centro de una polémica que ya llegó al Tribunal Supremo: el Gobierno plantea instalar 61.603 teléfonos móviles Android con conexión a internet, geolocalización y control remoto para verificar la identidad de los votantes, y el alto tribunal dio plazo al Ministerio del Interior para acreditar que esos aparatos superaron los controles de seguridad exigidos.
La información consta en el expediente remitido al Supremo por la Junta Electoral Central, al que tuvo acceso el diario El Debate tras su investigación sobre las grietas de seguridad de MiDNI, la aplicación oficial de identidad digital, y el posterior recurso judicial presentado por la organización Iustitia Europa. El expediente revela un contrato de emergencia con la empresa Telefónica Defensa y Seguridad para alquilar los terminales que se desplegarán en los colegios electorales de todo el país.
Mesas electorales de España: un contrato de emergencia de siete millones
El contrato, identificado como ECG/21/2026, fue declarado de emergencia el 13 de octubre y firmado el 21 de octubre por la directora general de Política Interior, Carmen López García, con Telefónica Defensa y Seguridad. Su monto asciende a 7.000.455 euros, IVA incluido, y su objeto es el suministro en régimen de alquiler de 61.603 dispositivos destinados a apoyar la verificación de identidad en las mesas el día de la votación.
El pliego exige terminales de tipo smartphone con sistema operativo Android, procesadores de ocho núcleos, pantallas de 6,6 pulgadas, cámaras de 50 megapíxeles, 6 GB de memoria RAM y un almacenamiento interno mínimo de 128 GB. También reclama un componente de seguridad con certificación EAL 5+ o superior y el cumplimiento del Esquema Nacional de Seguridad en categoría alta, condiciones cuya aplicación real a los aparatos suministrados deberá poder acreditarse con pruebas técnicas.
La contradicción que señala el expediente: control remoto para una lectura sin red
El punto más llamativo del caso está en el apartado 7.5 del pliego. Allí se establece que la verificación de los códigos QR de los votantes debe realizarse sin conexión a ninguna red externa. Sin embargo, el mismo contrato exige que los teléfonos tengan conexión a internet, geolocalización y capacidad de control remoto, tres funciones que los críticos consideran innecesarias —y riesgosas— para una tarea que, sobre el papel, funciona de forma aislada dentro de cada mesa.
A esa contradicción se suma otro dato del expediente: el informe favorable de la Policía Nacional se limita al funcionamiento del verificador QR y no constituye una certificación integral de los teléfonos contratados. Tampoco el contrato identifica la marca ni el modelo comercial de los dispositivos que finalmente se entregarán, un vacío que alimenta las preguntas de la oposición y de las organizaciones que recurrieron la contratación.
El Supremo pone el reloj a correr a diez días de las elecciones
El pasado martes, el Tribunal Supremo dio dos días de plazo al Ministerio del Interior para certificar si los dispositivos superaron los controles de seguridad exigidos después de su contratación y para aportar, en caso afirmativo, las pruebas técnicas correspondientes. La decisión llega a poco más de una semana de la cita electoral del 29 de noviembre, en la que España renovará sus Cortes Generales en unos comicios seguidos muy de cerca por la amplia comunidad venezolana residente en ese país.
El debate español sobre tecnología electoral se sigue también desde América Latina, donde varios países discuten sus propios sistemas de identificación en las urnas; en la región, la conversación sobre identidad digital convive con temas tan distintos como el deporte, donde España se mantiene en la pelea del ranking FIFA de noviembre, o la justicia, con casos como la investigación abierta contra Julio Iglesias por un juez español. Por ahora, la pelota está en el tejado de Interior: si no acredita las garantías a tiempo, el despliegue de los 61.603 móviles llegará al 29 de noviembre bajo una sombra judicial que el propio Gobierno no ha logrado disipar.