La ley de nietos volvió a sacudir la política española. El Tribunal Supremo decidió mantener la suspensión cautelar del derecho al voto de las personas nacionalizadas por esa vía, una medida sin precedentes en la democracia española que dejará fuera de las elecciones generales del próximo 29 de noviembre a 163.020 ciudadanos inscritos en el censo de residentes ausentes en el extranjero.
La Sala de lo Contencioso-Administrativo ratificó este lunes 12 de octubre, por cinco votos a favor y uno en contra, la decisión que había adoptado en septiembre a petición de los partidos Iustitia Europa y Vox. Con ello, la Oficina del Censo Electoral no podrá inscribir a nuevos nacionalizados por la ley de nietos y se mantendrán suspendidos los efectos electorales de quienes ya figuraban en el registro, salvo que acrediten ser descendientes de exiliados.
La ley de nietos, en el centro de la disputa por el censo
El alto tribunal sostiene que el derecho al voto no es absoluto y que debe prevalecer la veracidad del censo electoral. El nudo del conflicto es una instrucción de 2022 que desarrolló la Ley de Memoria Democrática y amplió el acceso a la nacionalidad para hijos y nietos de españoles; los demandantes cuestionan esa instrucción, no la ley en sí. El Gobierno argumentó que no hay tiempo material para revisar expediente por expediente antes de los comicios, y las propias oficinas consulares advirtieron que carecen de medios para hacerlo con garantías.
La Abogacía del Estado y la Fiscalía habían pedido levantar la suspensión, pero la sala desestimó sus alegaciones. El Ejecutivo recuerda además que muchos de los afectados ya votaron en procesos anteriores, como las generales de 2023, sin que se registraran irregularidades. El debate se instaló también en la arena política europea y americana, donde miles de familias latinoamericanas —entre ellas muchas venezolanas— obtuvieron la nacionalidad española por esta vía, en un contexto marcado por decisiones judiciales y políticas de alto impacto como las que sigue la diáspora en Estados Unidos.
Los afectados miran ahora al Tribunal Constitucional
La batalla legal no termina aquí. Los nacionalizados afectados disponen de un plazo breve para presentar alegaciones ante la propia sala y, si no prosperan, podrán acudir en amparo al Tribunal Constitucional. También están legitimados para hacerlo la Fiscalía y el Defensor del Pueblo. Para miles de descendientes de españoles repartidos por América Latina, lo que está en juego es ejercer por primera vez —o volver a ejercer— un derecho que consideran ganado, a pocas semanas de unas elecciones que se anticipan reñidas.
Mientras tanto, el caso alimenta la polémica entre el Gobierno y la oposición sobre la limpieza del censo de residentes en el extranjero, un padrón históricamente sensible por su peso en resultados ajustados. La decisión sobre la ley de nietos quedará, en última instancia, en manos del Constitucional, cuyo pronunciamiento podría llegar cuando la campaña ya esté en marcha.
Un censo bajo la lupa rumbo al 29 de noviembre
El censo de residentes ausentes ha sido objeto de controversia en España durante años por los retrasos del voto por correo y por su capacidad de inclinar escaños en provincias pequeñas. Con las elecciones adelantadas al 29 de noviembre, cada voto del exterior cuenta, y los partidos lo saben: de ahí la intensidad de una batalla jurídica que mezcla derecho electoral, memoria histórica y cálculo político en partes iguales.
Organizaciones de españoles en el exterior ya preparan recursos y campañas informativas para orientar a los afectados sobre los plazos de alegación. En consulados de América Latina, donde se concentran buena parte de los expedientes de la ley de nietos, las consultas se han multiplicado desde que se conoció el fallo.
📱 Descarga nuestra app oficial
La Noticia de Hoy, disponible en App Store