El abuso infantil en Perú enfrenta su capítulo más indignante en la provincia de Condorcanqui, en la región Amazonas, donde las comunidades awajún y wampis acumulan más de 1.000 denuncias por violencia sexual contra menores desde 2014 sin que la justicia haya dado respuesta a la mayoría de los casos.
La alarma internacional creció tras conocerse testimonios recogidos en la zona que describen incluso a niñas de apenas tres y cuatro años contagiadas de VIH en hechos que, según esos relatos, estarían vinculados a agresiones sexuales. La Defensoría del Pueblo ya había documentado en 2024 al menos 500 denuncias de acoso y violencia sexual en instituciones educativas de la provincia, y alrededor de 170 docentes han sido señalados por presuntas agresiones, aunque la mayoría no ha sido procesada.
Abuso infantil en Perú: una emergencia lejos de los tribunales
Condorcanqui está a unas 30 horas por carretera de Lima y no cuenta con un albergue para víctimas. Esa distancia, sumada a la escasez de fiscales, jueces y servicios de salud, hace que denunciar sea difícil y que muchas familias desistan antes de obtener una sentencia. Los registros sanitarios de la provincia muestran además un aumento sostenido de los diagnósticos de VIH en la última década, una curva que médicos y autoridades locales asocian en parte a la violencia sexual dentro de las propias comunidades.
Frente a ese abandono, han sido las mujeres indígenas quienes han sostenido la denuncia. El Consejo de Mujeres Awajún y Wampis, encabezado por Rosemary Pioc, reclama desde hace años más presupuesto para investigar los casos, sanciones efectivas contra los agresores y un albergue que proteja a las víctimas. Su mensaje resume la sensación de desamparo de la zona y contrasta con la atención que reciben otros casos de violencia contra menores en el continente, como el del niño de Bucaramanga que defendió a su padre de un atraco.
Lo que exigen las comunidades awajún y wampis
Las organizaciones de la zona piden una intervención integral del Estado peruano: presencia judicial permanente, atención médica y psicológica para las menores, y garantías de que los docentes señalados no sigan frente a un aula ni sean simplemente trasladados a otra escuela. También reclaman campañas de prevención del VIH con enfoque intercultural y registros confiables que permitan dimensionar la crisis.
Por ahora, la indignación crece dentro y fuera de Perú mientras las denuncias siguen esperando turno en un sistema desbordado. Para las comunidades awajún y wampis, cada día sin justicia prolonga un daño que ya marca a toda una generación de niñas amazónicas.
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