La oposición de izquierdas de Chile presentó este jueves 12 de noviembre en la Cámara de Diputados una solicitud de juicio político en Chile contra el ministro de Justicia, Fernando Rabat, por el escándalo de las rebajas de penas que beneficiaron a 56 pederastas. La acusación constitucional busca destituir al ministro e inhabilitarlo para ocupar cargos públicos durante cinco años, en una de las mayores crisis que ha enfrentado el presidente José Antonio Kast desde que llegó al poder en marzo pasado.
«No nos quedaremos de brazos cruzados, no vamos a mirar para el lado, no seremos cómplices de que pedófilos y criminales estén libres sin haber cumplido su condena y sin haber pagado su deuda con toda la sociedad», dijo Jorge Brito, diputado del izquierdista Frente Amplio, el partido del expresidente Gabriel Boric, durante la presentación de la solicitud en el Parlamento.
Juicio político en Chile: rebajas a 56 pederastas y a dos procesados por lesa humanidad
El escándalo estalló en octubre, cuando se conoció que el ministro firmó entre marzo y septiembre varios decretos que autorizaban rebajas de pena por buen comportamiento a 56 pederastas, así como a al menos dos procesados por crímenes de lesa humanidad cometidos durante la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990). A Rabat lo acusan de haber vulnerado la Constitución y tratados de protección de la infancia, como la Convención sobre los Derechos del Niño.
«El presidente de la República señaló que era un grave error (la concesión de los beneficios carcelarios), que no tenía justificación ni jurídica, ni técnica, ni política. Sin embargo, lo mantiene en el cargo», indicó por su parte el diputado socialista Raúl Leiva en el mismo punto de prensa. El propio Kast reconoció el error, pero se niega a remover al ministro pese a las demandas de parte de su propio sector, una resistencia que ha llevado su popularidad a mínimos desde su llegada al poder, por debajo del 30 % en la mayoría de las encuestas.
Rabat se defiende y la oposición necesita 78 votos que todavía no tiene
Rabat defiende que cumplió con la ley y que no tenía otra opción que firmar los decretos, ya que la Corte Suprema concede la rebaja de penas a los presos de manera automática, independientemente del criterio de Justicia. «La Corte Suprema nunca obligó al ministro Rabat a tomar las decisiones que tomó», respondió Andrea Parra, diputada del socialdemócrata PPD. La izquierda y la centroizquierda, que anunciaron hace dos semanas su intención de presentar la solicitud, no cuentan con los 78 votos necesarios para sacarla adelante en la Cámara Baja y necesitan el apoyo de otros grupos de derecha que no forman parte del Gobierno.
