El juez revisa a De la Espriella por Primo Gay en la misma diligencia en la que declaró legal su captura. En el búnker de la Fiscalía en Medellín, el juez de control de garantías ordenó compulsar copias a la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes y a la Procuraduría para que examinen las expresiones que el presidente Abelardo de la Espriella lanzó contra Neyder Yesid Uñates López, alias Primo Gay, durante su exhibición pública en Montería, Córdoba.
El togado pidió revisar las presuntas intervenciones del mandatario en la presentación de Uñates López y de Herny Sneyder Herrón Serna, realizada en Montería el sábado 14 de noviembre, y señaló que las palabras usadas fueron «totalmente despectivas» y afectaron la dignidad humana de los dos ciudadanos. Según lo expuesto en la audiencia, De la Espriella se dirigió al capturado con términos como «porquería», «miserable» y «despreciable».
El juez revisa a De la Espriella por Primo Gay y también a los servidores del operativo
La decisión no frenó el proceso contra el señalado cabecilla: la captura quedó legalizada y el caso seguirá en otra diligencia, en la que la Fiscalía hará la imputación de cargos y un juez definirá si Primo Gay es enviado a prisión. Pero el juez de garantías fue más allá del presidente y ordenó establecer si los servidores públicos que intervinieron en el traslado y la exhibición incurrieron en alguna irregularidad.
El abogado constitucionalista Esteban Manco explicó que las declaraciones presidenciales obligaron al juez a ponderar la situación: el procedimiento pudo haberse caído por ilegalidad si se acreditaba maltrato al capturado, pero el togado optó por declararlo legal y, al mismo tiempo, compulsar las copias al Congreso. Es el primer contrapeso judicial público a la forma en que el Gobierno presentó al detenido, un episodio que ya había marcado la agenda cuando De la Espriella planteó un buque cárcel y una posible extradición para el mismo hombre.
Los cargos que la Fiscalía atribuye a Primo Gay
De acuerdo con la Fiscalía, a Uñates López se le atribuyen el control de rentas ilícitas, disputas violentas con otras organizaciones armadas y hechos delictivos contra la población civil. Habría sido cabecilla de la estructura 36 de las disidencias de las FARC —a las que ingresó a los 14 años— y desde enero de 2026 estaría vinculado al Clan del Golfo, con accionar en Briceño, Yarumal, Anorí, Cáceres, Campamento y Angostura, en el norte, el nordeste y el Bajo Cauca antioqueño, la misma zona donde se produjo su captura, por la que ofrecían 640 millones de pesos.
El ente acusador también lo señala de extorsionar a ganaderos y mineros, comercializar pasta base de coca, planear ataques terroristas y viajar a otro país para capacitarse en drones con explosivos contra la fuerza pública. Además, lo acusa de ordenar y participar en el secuestro de dos campesinos entre octubre y noviembre de 2022, a quienes presuntamente retuvo 15 días en una vivienda rural de Briceño hasta que escaparon y denunciaron. Los delitos imputados incluyen concierto para delinquir agravado, secuestro simple, fabricación y tráfico de armas —también de uso privativo de las Fuerzas Armadas— y utilización ilegal de uniformes e insignias.