El IVA a la canasta familiar volvió a ser este sábado 14 de noviembre el punto que separa al Gobierno de Abelardo de la Espriella y al Centro Democrático. La reunión entre representantes del Ejecutivo y la bancada uribista, encabezada por el expresidente Álvaro Uribe, concluyó en el Hotel Movich de Rionegro, Antioquia, sin un acuerdo para retirar ese gravamen de la Ley de Rescate Fiscal, el proyecto tributario con el que el Gobierno busca ampliar el recaudo y fortalecer las finanzas públicas.
En el encuentro participó también el vicepresidente José Manuel Restrepo. El propósito era discutir las observaciones del Centro Democrático frente a la reforma y explorar alternativas que acercaran las posiciones, pero el impuesto al consumo de los productos básicos quedó intacto en la propuesta oficial y el uribismo ratificó que no respaldará ninguna medida que encarezca la comida de los hogares colombianos.
El IVA a la canasta familiar, el nudo de la negociación
Al término de la conversación, Uribe dejó una puerta abierta: «Salimos con la ilusión de que el Gobierno Nacional está considerando un alivio para que esta reforma no afecte a los sectores sociales», manifestó el exmandatario al entregar su balance. La colectividad ha insistido en tres prioridades para cualquier texto definitivo: simplificar la tributación, proteger a los sectores sociales y a los colombianos de ingresos medios, y estimular la inversión y el crecimiento económico.
La controversia se concentra en alimentos que hoy tienen tratamientos preferenciales dentro del impuesto al valor agregado, como el café, el azúcar, el chocolate, las pastas y los aceites. Para el uribismo, trasladar mayores cargas al consumo terminaría golpeando el poder adquisitivo de las familias, en especial las de menores ingresos, justo cuando el costo de la canasta básica sigue siendo la principal preocupación de los hogares.
La propuesta alterna de 76 artículos del uribismo
El Centro Democrático no llegó a Rionegro solo a decir que no. El partido elaboró una propuesta alternativa de 76 artículos para modificar distintos componentes de la Ley de Rescate Fiscal, con planteamientos sobre impuestos, gasto público y estímulos a la inversión. Entre las fuentes de recursos que plantea están la eliminación o fusión de entidades con funciones duplicadas, la venta parcial de algunas participaciones de la Nación en empresas y el fortalecimiento de la lucha contra la evasión.
Por ahora no hay acuerdo definitivo, pero las declaraciones de Uribe dejan abierta la posibilidad de que las conversaciones continúen durante el trámite legislativo. El desafío para el Gobierno será conseguir los respaldos que necesita para sacar adelante su reforma sin profundizar la pelea sobre quiénes deben asumir el costo del ajuste fiscal: si el recaudo sale del bolsillo de los consumidores o de un Estado que, según la oposición, primero debe recortarse a sí mismo.
