Venezuela

Más de 130 graduandos de la UBA en Táchira demandarán al exministro Ricardo Sánchez ante la CIDH y La Haya

Los graduandos UBA Táchira decidieron pasar de la espera a los tribunales.

Los graduandos UBA Táchira decidieron pasar de la espera a los tribunales. Más de 130 egresados de la Universidad Bicentenaria de Aragua que cursaron carreras a distancia desde el estado andino anunciaron que emprenderán acciones legales por la vía penal, civil e internacional contra el exministro de Educación Superior, Ricardo Sánchez, y contra los colaboradores que participaron en la retención de sus credenciales académicas durante más de dos años.

El anuncio lo encabezaron el presidente de la Fundación El Amparo y activista de derechos humanos, Walter Márquez, junto con los abogados Otto Medina y Ana Hernández y José Nieto, en representación de los graduandos perjudicados. Según los voceros, la reciente emisión de los diplomas por parte del Ministerio de Educación Universitaria dejó sin sustento las acusaciones previas contra los alumnos y contra la propia casa de estudios.

Graduandos UBA Táchira: dos años sin poder trabajar con su título

El daño, sostienen los representantes, no fue solo administrativo. Durante más de dos años, los egresados tachirenses quedaron impedidos de ejercer formalmente sus profesiones: algunos no pudieron incorporarse a un empleo y otros fueron despedidos de sus puestos de trabajo porque no contaban con el documento que acreditaba sus estudios. La paralización laboral, aseguran, se prolongó mientras sus títulos permanecían retenidos sin una justificación que resistiera el paso del tiempo.

El abogado Otto Medina señaló que el otorgamiento final de los títulos demostró que las acusaciones lanzadas anteriormente contra la universidad y contra los estudiantes carecían de veracidad. Si los diplomas terminaron entregándose, argumentan los afectados, el bloqueo previo no tenía fundamento y alguien debe responder por las consecuencias materiales y morales de esos años perdidos.

Denuncias ante la CIDH y la Corte Penal Internacional

La ofensiva legal anunciada tiene tres frentes. En el plano internacional, los graduandos preparan solicitudes ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en Washington, para establecer la responsabilidad del Estado venezolano en el caso. También plantean acusaciones por persecución y tratos degradantes ante la Fiscalía de la Corte Penal Internacional, en La Haya.

En el plano interno, el equipo multidisciplinario que acompaña a los egresados presentará demandas civiles en juzgados del país para reclamar pagos compensatorios por las afectaciones sufridas. Los voceros indicaron que en un lapso de 15 días darán a conocer un cronograma específico con la lista exacta de las instancias judiciales y los organismos internacionales donde consignarán los expedientes, con el objetivo de establecer las sanciones civiles, penales y administrativas que correspondan tanto al extitular ministerial como a los demás servidores públicos implicados.

Los voceros recordaron además que los estudiantes cumplieron todos los requisitos académicos de sus carreras a distancia y que la retención no recayó sobre un trámite menor: sin el título registrado, un egresado no puede firmar contratos, optar a cargos que exigen credencial universitaria ni acreditar su formación ante empleadores públicos o privados. Por eso el equipo legal sostiene que la compensación que reclamarán debe calcularse sobre el daño concreto de cada afectado, incluidos los salarios que dejaron de percibir y los empleos que perdieron mientras sus documentos permanecían bloqueados.

Un caso que se suma a las tensiones de la educación universitaria

El conflicto de los egresados de la UBA en Táchira se conoce en medio de otros movimientos del sector universitario venezolano, como el anuncio de la tarjeta Aula Plus con descuentos y becas para universitarios y los debates institucionales que rodean procesos como el de los aspirantes al TSJ en Venezuela. Para los graduandos tachirenses, sin embargo, la discusión ya no es de anuncios: es de reparación.

Los representantes de los afectados insistieron en que el caso servirá para sentar un precedente sobre el trato que reciben los estudiantes que cursan carreras a distancia en el país. Después de más de dos años con el título retenido, los graduandos UBA Táchira buscan ahora que sean los tribunales, dentro y fuera de Venezuela, los que determinen responsabilidades por el tiempo, los empleos y las oportunidades que perdieron en el camino.

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