Venezuela

Aspirantes al TSJ: los jueces que condenaron a Afiuni y a los militares de Paramacay buscan ser magistrados

Los aspirantes al TSJ ya tienen nombres y apellidos, y entre ellos aparecen jueces y fiscales.

Los aspirantes al TSJ ya tienen nombres y apellidos, y entre ellos aparecen jueces y fiscales que firmaron algunas de las condenas más cuestionadas de las últimas dos décadas en Venezuela: los que sentenciaron a la jueza María Lourdes Afiuni, el que ratificó los 30 años de cárcel contra los militares del caso Paramacay y la fiscal que imputó a María Corina Machado en 2014. Las listas de postulados al Tribunal Supremo de Justicia, a la Inspectoría General de Tribunales y a la Escuela de la Magistratura se conocieron este viernes 20 de noviembre y desataron una ola de críticas de abogados y defensores de derechos humanos.

En total se registraron 1.343 postulaciones: 1.066 para el TSJ, 166 para la Inspectoría General de Tribunales y 111 para la Magistratura, aunque varias personas se inscribieron para todos los cargos a la vez. El proceso forma parte de la renovación del Tribunal Supremo de Justicia que adelanta la Asamblea Nacional y que ahora entra en su fase de impugnaciones.

Aspirantes al TSJ: el caso Afiuni vuelve al centro del debate

La denuncia la hizo pública la abogada Thelma Fernández en sus redes sociales. Dos de los postulados estuvieron involucrados en distintas etapas del proceso contra la jueza Afiuni: Manuel Bognanno, que la condenó por la llamada «corrupción espiritual», un delito que no existe en el sistema penal venezolano, y Leyvis Sujei Azuaje Toledo, quien al frente del Circuito Judicial Penal del estado Zulia ordenó la reclusión de Afiuni en el Instituto de Orientación Femenina (INOF), en Los Teques, estado Miranda.

Según la denuncia, Azuaje Toledo aspira a convertirse en magistrada del TSJ, mientras que Bognanno busca el cargo de inspector general de Tribunales. «Dos de los peores verdugos de la juez Afiuni, ahora aspiran a cargos clave», escribió Fernández al cuestionar ambas postulaciones.

En la lista también aparece Marjorie Calderón, la jueza que condenó a 30 años de prisión a Iván Simonovis y a los policías metropolitanos. Calderón aspira nada menos que a tres altos cargos del nuevo Poder Judicial: magistrada del TSJ, la Inspectoría de Tribunales y la dirección de la Escuela de la Magistratura.

El juez que ratificó la condena de Paramacay también se postuló

Otro de los nombres señalados es el de Carlos Alberto Bonilla Álvarez, presidente del Circuito Judicial Penal del estado Carabobo. Desde la Sala de Apelaciones número 2 de la Corte de Apelaciones de esa entidad, Bonilla dictó la sentencia que ratificó la condena a 30 años de cárcel contra los militares implicados en el caso Paramacay, entre ellos el capitán Juan Carlos Caguaripano.

El expediente de Caguaripano había estado en la Sala 1, donde el juez Alejandro Chirimelli presuntamente tenía lista una propuesta para revocar las penas. El caso pasó luego a la Sala 2, presidida por el propio Bonilla Álvarez, y defensores de derechos humanos afirman que el funcionario presionó y amenazó a los magistrados disidentes para forzar la ratificación de las condenas, una maniobra que obliga prácticamente a reiniciar todo el litigio. Bonilla asumió la dirección del poder judicial penal en Carabobo en agosto de 2025, juramentado en Caracas por la presidenta del TSJ, Caryslia Rodríguez.

La fiscal que imputó a Machado y el episodio de la maleta

Entre los aspirantes también figura Katherine Haringhton, designada magistrada suplente en 2022, durante la renovación que redujo el número de magistrados del TSJ de 32 a 20. En su paso por el Ministerio Público, Haringhton imputó a la líder opositora María Corina Machado por un supuesto magnicidio contra Nicolás Maduro en 2014, a varios dirigentes de la oposición por las protestas de ese año conocidas como «La Salida», a la hermana de la abogada y activista Rocío San Miguel y al director de la ONG Un Mundo Sin Mordaza, Rodrigo Diamanti.

Haringhton fue viceministra de Relaciones Interiores, Justicia y Paz en 2015 y, en 2017, en medio del enfrentamiento de la entonces fiscal Luisa Ortega Díaz con el chavismo, fue nombrada vicefiscal del Ministerio Público: su intento de ingresar a la sede de la institución escondida en la maleta de un vehículo de otra fiscal la convirtió en una de las figuras más recordadas de aquella crisis.

Impugnaciones abiertas hasta el 5 de diciembre

El codirector de la ONG Acceso a la Justicia, Alí Daniels, calificó de «impúdica» la postulación de jueces contra el terrorismo, las instancias desde las cuales, afirma, se ha sostenido la represión contra dirigentes políticos, activistas, periodistas y ciudadanos, en especial tras las protestas poselectorales de 2024. Daniels también cuestionó que una misma persona se postule a magistrado, inspector de tribunales y director de la Escuela de la Magistratura al mismo tiempo: «Son 3 perfiles completamente diferentes, dejemos la picaresca como cosa del pasado», posteó.

Desde este 21 de noviembre y hasta el 5 de diciembre, el Comité de Postulaciones Judiciales recibirá de forma continua las impugnaciones contra los candidatos. La controversia crece mientras en el país se siguen de cerca otros frentes del sistema de justicia, como la protesta de los huelguistas de Ramo Verde, los militares detenidos que cumplieron 12 días sin ingerir alimentos.

Noticias relacionadas

Descarga nuestra app oficial

La Noticia De Hoy, disponible en App Store. Las noticias importantes, primero en tu teléfono.

Disponible en App Store