Un grupo de 168 venezolanos, incluidos tres menores de edad, fue deportado este viernes desde Estados Unidos y recibido por las autoridades venezolanas en el aeropuerto internacional Simón Bolívar de Maiquetía. El vuelo, operado por la aerolínea chárter estadounidense Omni Air International, es el más reciente en una serie de retornos masivos que han marcado la política migratoria entre Caracas y Washington en los últimos meses. Paralelamente, crecen las denuncias internacionales sobre el trato que reciben migrantes venezolanos expulsados a terceros países, especialmente El Salvador.
La llegada de los 168 connacionales fue confirmada por el Ministerio de Interior venezolano, que detalló que en el vuelo viajaban 151 hombres, 14 mujeres, un adolescente y dos niños. Entre ellos, destaca el caso de una joven de 23 años que, según el titular de Interior, Diosdado Cabello, estuvo ocho meses detenida en Estados Unidos y fue separada de su hijo de cinco años, pese a no haber cometido “ningún delito”.
Con este vuelo, suman ya 4.200 venezolanos retornados al país desde febrero, la gran mayoría deportados por la administración Trump en un total de 21 vuelos, cinco de ellos operados por compañías estadounidenses. Estos retornos se producen en el marco de un acuerdo migratorio entre Caracas y Washington, vigente desde principios de año, pese a la ausencia de relaciones diplomáticas formales desde 2019.
El gobierno venezolano ha aprovechado cada vuelo para denunciar casos de presuntas violaciones a los derechos de los migrantes. En esta ocasión, volvió a exigir la devolución de una niña de dos años que, según las autoridades chavistas, fue “robada” por “agentes del imperialismo” a su madre, deportada en un vuelo anterior en abril.
Mientras tanto, la situación de los migrantes venezolanos expulsados de Estados Unidos y trasladados a terceros países genera preocupación internacional. Un grupo de más de 12 familias de venezolanos encarcelados en El Salvador, tras ser expulsados de EE.UU., presentó una demanda ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) solicitando su liberación.
El documento, respaldado por una coalición de cuatro ONG estadounidenses, pide a la CIDH que emita medidas de emergencia contra el gobierno de Nayib Bukele por la “detención ilegal de cientos de individuos transferidos de manera forzosa e irregular” a territorio salvadoreño. La mayoría de estos migrantes fueron enviados en marzo a la megaprisión CECOT, conocida internacionalmente por las denuncias de abusos a los derechos humanos.
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La administración Trump justificó estos traslados acusando a los migrantes de pertenecer a la banda criminal Tren de Aragua. Sin embargo, investigaciones periodísticas, como la publicada por Bloomberg, revelan que el 90% de los detenidos no tiene antecedentes penales. Bella Mosselmans, directora del Consejo Global de Litigio Estratégico, una de las ONG demandantes, acusó a EE.UU. de conspirar con El Salvador para “despojar” a cientos de personas de “sus derechos y su libertad”.
