La Fiscalía de Venezuela ha abierto una investigación contra la líder opositora María Corina Machado, acusándola de traición a la patria, conspiración con países extranjeros y asociación para delinquir. Esta acción se produce tras su apoyo a la “Ley Bolívar”, un proyecto bipartidista aprobado por la Cámara de Representantes de Estados Unidos que busca cortar el flujo financiero al gobierno de Nicolás Maduro.
El Ministerio Público (MP) argumenta que los pronunciamientos públicos de Machado sobre esta ley la involucran en delitos graves. La líder opositora, quien ganó las primarias presidenciales pero se encuentra inhabilitada para ejercer cargos públicos, ha agradecido a los legisladores estadounidenses por su apoyo a la Ley de Prohibición de Operaciones y Arrendamientos con el Régimen Autoritario Ilegítimo de Venezuela.
Desde la clandestinidad, Machado afirmó que esta ley representa un “paso crucial” para exigir responsabilidades al régimen de Maduro y que continuará trabajando con aliados para lograr una transición democrática.
En respuesta, el parlamento venezolano, dominado por el oficialismo, ha comenzado a discutir una legislación que establece la inhabilitación política perpetua para quienes apoyen sanciones contra el país. Esta ley también contempla sanciones para aquellos que promuevan medidas coercitivas unilaterales.
El presidente Maduro ha calificado la ley estadounidense como “basura” y ha instado a la Asamblea Nacional a acelerar la aprobación de su propia legislación contra los opositores. La situación se complica aún más dado que las elecciones presidenciales del 28 de julio, en las que Maduro fue proclamado ganador, han sido cuestionadas por la oposición y parte de la comunidad internacional, que denuncia fraude electoral.
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Machado enfrenta serias consecuencias si es acusada formalmente. Los delitos imputados podrían llevarla a una inhabilitación política de hasta 60 años y otras sanciones severas. La comunidad internacional continúa observando con preocupación el deterioro de la democracia en Venezuela, donde las protestas contra el régimen han dejado un saldo trágico de muertos y detenidos.
