Este miércoles, la Fiscalía de París anunció que Pável Dúrov, cofundador de la popular aplicación de mensajería Telegram, ha sido imputado y puesto bajo vigilancia judicial tras ser acusado de seis de los doce delitos presentados en su contra.
Dúrov, que enfrenta cargos que incluyen complicidad en la distribución de pornografía infantil y tráfico de drogas, deberá pagar una fianza de 5 millones de euros y se le prohíbe salir de Francia.
El acusado fue detenido el pasado sábado en el aeropuerto de Bourget, donde llegó en su jet privado.
Las autoridades alegan que su plataforma ha sido utilizada para facilitar actividades ilegales, como el tráfico de drogas y la explotación sexual infantil.
La fiscal francesa, Laure Beccuau, destacó la falta de cooperación de Dúrov con las investigaciones, lo que ha intensificado el debate sobre la responsabilidad de las plataformas digitales en la moderación de contenido.
El presidente francés, Emmanuel Macron, defendió la legalidad de la detención, afirmando que no fue una decisión política, sino parte de una investigación judicial en curso.
La detención de Dúrov ha suscitado reacciones diversas, desde acusaciones de ser un «preso político» hasta preocupaciones sobre la libertad de expresión en las redes sociales.
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Un futuro incierto para Telegram y su fundador
La situación de Dúrov plantea interrogantes sobre el futuro de Telegram, que cuenta con más de 900 millones de usuarios.
La compañía ha declarado que Dúrov «no tiene nada que ocultar» y que cumple con las leyes europeas.
Sin embargo, la presión sobre las plataformas de mensajería para controlar el contenido ilícito sigue aumentando, lo que podría tener repercusiones significativas en la forma en que operan.
A medida que avanza la investigación, el caso de Pável Dúrov podría redefinir las responsabilidades legales de las plataformas digitales y su papel en la lucha contra el crimen organizado.
