Este viernes 29 de noviembre de 2024, la Fiscalía General de Colombia imputó a Sandra Ortiz, exconsejera presidencial para las Regiones, por los delitos de tráfico de influencias y lavado de activos en el marco del escándalo de corrupción que involucra a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).
El caso se centra en la malversación de 46.800 millones de pesos (más de 10,5 millones de dólares) destinados a la compra de 40 camiones cisterna para llevar agua a La Guajira.
Los contratos, sin cumplir requisitos técnicos ni legales, resultaron en la pérdida del dinero público. Los exdirectores Olmedo López y Sneyder Pinilla, nombrados por el presidente Gustavo Petro, son considerados los cabecillas del entramado corrupto.
Durante la audiencia en Bogotá, la fiscal Cristina Patiño expuso que Ortiz transportó en dos ocasiones sumas en efectivo que totalizaban 3.000 millones de pesos (aproximadamente 678.000 dólares), provenientes de contratos ilícitos.
También te puede interesar: Miles de colombianos protestan contra el gobierno de Petro
Se alegó que estos fondos fueron entregados al entonces presidente del Senado, Iván Name, a cambio de apoyo legislativo para reformas impulsadas por el gobierno.
La exfuncionaria no aceptó los cargos y su audiencia fue aplazada debido a problemas técnicos. El escándalo, destapado en febrero, ha implicado a varios altos funcionarios, incluyendo al ministro de Hacienda y otros cercanos al presidente Petro.
La Fiscalía ha solicitado prisión preventiva para Ortiz, argumentando que su libertad podría interferir con la investigación. Este caso resalta un problema sistémico de corrupción en la UNGRD, que ha costado al gobierno más de 60 millones de dólares desde 2022.
La situación continúa evolucionando mientras se espera el desarrollo del proceso judicial contra Ortiz y otros implicados.
