El fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, informó el sábado sobre la detención e imputación de Maglen Marin Rodríguez, quien se desempeñaba como fiscal provisoria en el estado Anzoátegui. Según Saab, Rodríguez es acusada del delito de «retraso u omisión intencional de funciones» por haber omitido procesar a cuatro personas señaladas en una investigación llevada a cabo por el Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas (CICPC).
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a Maglen Marin Rodríguez, quien se desempeñaba como Fiscal Provisoria de la Fiscalía Sexta de la Circunscripción Judicial del Estado Anzoátegui:
Por el #delito de #retraso u omisión intencional de funciones, la misma… pic.twitter.com/Gcmve805JR
— Tarek William Saab (@TarekWiliamSaab) August 3, 2024Cargos de la fiscalía para los manifestantes
Los cuatro individuos imputados fueron identificados como Alfenis Jose La Rosa González, José Eduardo Malaver Rondon, Luis Antonio Bericote Malave y Edén de Jesús Naranjo Monasterios. Se les acusa de supuesto «terrorismo, financiamiento al terrorismo, incitación al odio y asociación para delinquir».
Según el fiscal general, estos cuatro manifestantes formaban parte de los «Comanditos» de la líder opositora María Corina Machado en el municipio Sotillo, financiaban a motorizados y participaban en protestas conocidas como «guarimbas» y «actos vandálicos» después de las elecciones presidenciales.
Este caso se enmarca en un contexto de aumento en las detenciones arbitrarias contra manifestantes de la oposición en Venezuela. Según la organización Foro Penal, hay al menos 939 arrestos verificados e identificados, de los cuales 90 son adolescentes. Después de las elecciones presidenciales, la operación «Tun Tun» ha generado preocupación debido a las miles de detenciones arbitrarias realizadas por organismos como el CICPC, la Dirección General de Contrainteligencia Militar y el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional.
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Defensores de derechos humanos como Rafael Uzcátegui han seguido los patrones de persecución en Venezuela, que no solo afectan a ciudadanos con ideas contrarias en redes sociales, sino también a testigos opositores que participaron en las elecciones presidenciales del 28 de julio. Uzcátegui advierte que quienes pasen información a las autoridades se convierten en cómplices de violaciones a los derechos humanos.
La detención de la fiscal provisoria Maglen Marin Rodríguez y la imputación a los cuatro manifestantes en Anzoátegui evidencian la creciente represión contra la oposición en Venezuela. Las organizaciones defensoras de derechos humanos han denunciado un patrón de persecución y detenciones arbitrarias que vulneran las libertades fundamentales de los ciudadanos.


