Las familias tsotsiles de la comunidad de Tzanebolom, en el municipio de Chenalhó, Chiapas, en el sur de México, abandonaron este lunes sus viviendas con lo indispensable ante las amenazas de hombres armados y el temor de ser asesinadas, según denunciaron las propias personas desplazadas.
Son 12 hogares los que salieron en esta nueva oleada. Entre los desplazados hay mujeres, niños y adolescentes que ahora permanecen refugiados en el salón de usos múltiples de la sede municipal, donde duermen en bancas y en el suelo mientras esperan condiciones de seguridad para poder regresar a sus casas.
Familias tsotsiles: un éxodo que ya suma más de 267 personas desde 2024
El desplazamiento de este lunes se suma al de más de 267 personas que, según los testimonios recabados, abandonaron la misma comunidad desde 2024 y todavía esperan una reubicación, porque consideran que no existen garantías para retornar. Las familias contaron que, pese a que el Gobierno de Chiapas instaló una mesa de seguridad en la comunidad el pasado 22 de octubre, las persecuciones y las amenazas contra quienes se niegan a colaborar con los hombres armados, presuntamente vinculados con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), se intensificaron en los últimos días. Es el mismo cártel cuyos aliados en la frontera norte del istmo ya mueven a Washington, como ocurrió con la recompensa de 20 millones de dólares por dos capos guatemaltecos aliados del CJNG.
Entre las desplazadas está Catarina Gutiérrez, madre de nueve hijos de entre uno y 21 años, quien relató que abandonó su vivienda después de que hombres armados comenzaron a vigilarla y acosarla desde un punto situado a unos 20 metros de su domicilio. La mujer atribuyó las amenazas a la denuncia que presentó ante la Fiscalía de Justicia Indígena por el asesinato de su esposo, Bartolomé Pérez Gómez, ocurrido el pasado 10 de noviembre cuando caminaba por una vereda de sus cafetales.
Extorsión, asesinatos y una petición directa a Sheinbaum
Agustín Garrías Pérez, otro de los afectados, contó que regresó de Estados Unidos en mayo pasado, pero no ha podido retomar su vida en la comunidad junto a su familia. Denunció que, mientras trabajaba en ese país, integrantes del grupo exigían pagos mensuales de más de 15.000 pesos (unos 800 dólares) para comprar municiones, y que tras negarse a entregar el dinero y comenzar a buscar justicia por el asesinato de su hermano, Eluterio Arias Pérez, temió por su vida y la de su esposa e hijos. También recordó el asesinato, el pasado 28 de octubre, del defensor de derechos humanos Reynaldo Pérez Pérez, quien acompañaba las exigencias de justicia y de retorno de las familias.
Los desplazados afirmaron que han acudido a distintas instancias del Gobierno estatal para solicitar garantías de retorno, sin resultados hasta ahora. La agencia EFE consultó la postura del presidente municipal de Chenalhó, sin obtener respuesta, mientras el secretario municipal dijo desconocer la situación y señaló que únicamente sabía que las familias habían pasado la noche en el salón de usos múltiples. La violencia que expulsa a comunidades enteras de sus pueblos es la misma que mantiene a la región bajo presión permanente, como se vio con el estado de sitio y el despliegue militar en Guatemala. Las familias tsotsiles pidieron la intervención de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, para frenar la violencia, investigar los asesinatos y garantizar un retorno seguro a su comunidad.