El estado de sitio en Guatemala entró este lunes en una fase de despliegue abierto: el Gobierno reforzó la presencia de policías y militares en los departamentos de Zacapa e Izabal, en el este del país, con puestos de registro en puntos estratégicos y patrullajes del Ejército sobre las principales rutas de la región.
Los dos departamentos permanecen bajo estado de sitio desde el pasado 14 de noviembre, una medida excepcional decretada por 30 días por el presidente Bernardo Arévalo ante la escalada de ataques armados que sacude esa zona del país desde finales de septiembre.
Puestos de registro y patrullajes en el este del país
El ministro de Gobernación, Marco Villeda, viajó hasta Zacapa para supervisar el operativo y aseguró en rueda de prensa que el objetivo es «garantizar la tranquilidad y la paz» de la población, para que los vecinos puedan desarrollar sus actividades con total normalidad.
«El estado de sitio está pensado y programado para combatir a los grupos criminales. No va en contra de reprimir a la población honrada», sostuvo Villeda, quien recalcó que el Gobierno está concentrando «una enorme cantidad de recursos» en ambos departamentos.
A su lado, el ministro de la Defensa, Henry Saenz, detalló que ya funcionan puestos de registro en lugares estratégicos y que las patrullas militares recorren la región, en un esquema de control territorial que se mantendrá mientras dure la medida.
Lo que se sabe hasta ahora
Dónde: los departamentos de Zacapa e Izabal, en el este de Guatemala.
Desde cuándo: el estado de sitio rige desde el 14 de noviembre y fue decretado por 30 días.
El detonante: una cadena de ataques armados desde finales de septiembre que dejó una veintena de muertos.
La víctima de mayor perfil: el diputado Julio César Portillo, acribillado en Zacapa el 6 de noviembre.
El despliegue: puestos de registro en puntos estratégicos y patrullajes del Ejército, supervisados por los ministros de Gobernación y de Defensa.
Una veintena de muertos detrás del estado de sitio en Guatemala
La decisión de Arévalo no llegó de la nada. Los atentados registrados desde finales de septiembre suman ya una veintena de fallecidos, entre ellos el diputado Portillo, asesinado a balazos en Zacapa el pasado 6 de noviembre, un crimen que conmocionó al país y aceleró la respuesta del Ejecutivo.
Hasta el momento, ninguno de esos ataques ha sido aclarado por las autoridades: todos permanecen bajo investigación del Ministerio Público, sin responsables identificados públicamente.
Autoridades locales y agencias internacionales señalan a estructuras vinculadas al narcotráfico como las protagonistas de la disputa por el control territorial y de las rutas de transporte de drogas que atraviesan el este guatemalteco, un corredor clave entre el Caribe y el interior del país, en una región donde el narcotráfico también ha golpeado por vía marítima, como en la incautación en Falcón de un pesquero con más de cuatro toneladas de marihuana. La región centroamericana vive además otras operaciones de seguridad de gran escala, como la operación militar de El Salvador en Haití.
Qué suspende la medida y qué viene ahora
El estado de sitio suspende garantías constitucionales como la libertad de circulación y de reunión, y elimina la exigencia de mandamiento judicial para realizar detenciones y allanamientos. Es, en la práctica, la herramienta más dura que la legislación guatemalteca pone en manos del Gobierno para recuperar un territorio en disputa.
El despliegue de este lunes marca el arranque visible de esa ofensiva. La prueba de fuego será si los operativos logran frenar los ataques y esclarecer la cadena de crímenes que motivó la medida, empezando por el asesinato del diputado Portillo, mientras la población de Zacapa e Izabal intenta recuperar la normalidad bajo vigilancia militar.