La pena de muerte en California sumó este lunes 9 de noviembre un respaldo inesperado.
La pena de muerte en California sumó este lunes 9 de noviembre un respaldo inesperado: al menos 50 familiares de víctimas de personas condenadas a muerte pidieron a la Corte Suprema estatal que apoye el plan del gobernador Gavin Newsom para conmutar las sentencias de los 548 reclusos que permanecen en el corredor de la muerte, el más grande del hemisferio occidental.
En una carta citada por la cadena ABC, los firmantes expresaron que, pese al dolor causado por los crímenes, se oponen a la pena capital por razones morales, y alentaron al gobernador a seguir adelante con su iniciativa. El planteamiento de los familiares va más allá del perdón simbólico: consideran que mantener las condenas no repara el daño sufrido y piden que los recursos destinados a estos procesos se usen para apoyar a las víctimas y a sus allegados.
La pena de muerte en California, ante su mayor revisión en décadas
Newsom anunció el pasado jueves su intención de conmutar las condenas de los 548 presos que esperan su ejecución, sustituyéndolas por penas de cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Sin embargo, no todo el plan depende del gobernador: la conmutación de las sentencias de 382 de esos reclusos requiere la aprobación de la mayoría de los siete magistrados que integran la Corte Suprema de California, y es ante ese tribunal donde la carta de los familiares busca inclinar la balanza.
El gobernador demócrata mantiene una moratoria sobre las ejecuciones desde marzo de 2019, poco después de asumir el cargo. Pese a ello, las condenas a muerte continúan legalmente vigentes, porque California no ejecuta a nadie desde 2006 pero tampoco había eliminado las sentencias. Newsom argumentó al presentar la propuesta que, aunque la moratoria ha impedido nuevas ejecuciones, el corredor de la muerte sigue existiendo en los papeles con sus 548 condenados.
«Matar a una persona en nuestro nombre no revierte lo que le hicieron a Polly»
Entre quienes respaldan la propuesta figura Jess Nichol, hermana de Polly Klaas, la niña de 12 años secuestrada y asesinada en 1993 en Petaluma, California, en uno de los casos que más conmocionaron al país en los años noventa. «Matar a una persona en nuestro nombre no revierte lo que le hicieron a Polly, y no es algo que queramos que se haga en su memoria», expresó Nichol a la cadena ABC.
Los familiares también pusieron sobre la mesa el argumento económico. De acuerdo con las estimaciones citadas en la cobertura, California podría ahorrar al menos 150 millones de dólares anuales en costos judiciales relacionados con la pena capital, y las familias propusieron destinar esos fondos a centros de recuperación de traumas y a programas de asistencia para sobrevivientes, en lugar de mantener durante décadas los litigios de las condenas a muerte.
Las fuerzas del orden rechazan la conmutación
La iniciativa del gobernador ha generado rechazo entre representantes de las fuerzas del orden. La organización Peace Officers Research Association of California (PORAC), que agrupa a agentes del estado, criticó la propuesta al considerar que podría reabrir las heridas emocionales de las familias afectadas por los crímenes, el argumento contrario al de los firmantes de la carta.
La decisión sobre las conmutaciones que requieren autorización judicial dependerá ahora de la Corte Suprema de California. Si la mayoría de los magistrados respalda el plan, la pena de muerte en California quedará vaciada en la práctica para los 548 condenados actuales, cuyas sentencias pasarían a cadena perpetua sin libertad condicional; si lo rechaza, el corredor de la muerte más grande del hemisferio occidental seguirá intacto bajo la moratoria vigente desde 2019.
El debate reactiva una discusión que atraviesa a Estados Unidos desde hace décadas y que en California ha tenido capítulos intensos: el estado aprobó y rechazó en las urnas propuestas para abolir o acelerar las ejecuciones, y su población penitenciaria condenada a muerte creció durante años en la prisión de San Quentin mientras las ejecuciones permanecían detenidas. La carta de los familiares introduce en esa discusión la voz menos escuchada, la de quienes perdieron a un ser querido a manos de los condenados y, aun así, piden que el estado no ejecute en su nombre.
