La expulsión de migrantes en Chile será mucho más rápida a partir de ahora.
La expulsión de migrantes en Chile será mucho más rápida a partir de ahora. El Senado chileno aprobó este martes, por 37 votos a favor y una abstención, el proyecto que perfecciona el procedimiento de expulsión administrativa de extranjeros, una reforma a la Ley de Migración y Extranjería que quedó despachada por el Congreso y que toca de lleno a la comunidad venezolana: de las más de 75.000 órdenes de expulsión que siguen pendientes de ejecución en el país, cerca de la mitad corresponden a ciudadanos venezolanos, según los reportes citados en el debate.
La votación del Senado fue el último trámite legislativo de la iniciativa. El informe final de la comisión mixta —el órgano de senadores y diputados que ajustó el texto— ya había sido aprobado el lunes por la Cámara de Diputadas y Diputados, con 128 votos favorables y 11 en contra. El proyecto, identificado con el boletín 16.836-06, fue presentado en mayo de 2024 durante el gobierno de Gabriel Boric y luego incorporado a la agenda de seguridad de la administración del presidente José Antonio Kast.
Expulsión de migrantes en Chile: la PDI podrá entrar a domicilios con orden judicial
El cambio más potente de la reforma apunta a la Policía de Investigaciones (PDI), encargada de ubicar y detener a los extranjeros con órdenes de expulsión vigentes. Desde ahora, la PDI podrá solicitar a un juez de garantía la autorización para ingresar al domicilio donde se encuentre la persona requerida y detenerla, un requerimiento que el magistrado deberá resolver en un plazo máximo de 24 horas. Hasta hoy, muchas órdenes se quedaban sin ejecutar porque la persona simplemente no podía ser localizada o permanecía dentro de una vivienda particular.
«Tanto la Cámara de Diputados como el Senado han dado su aprobación a un proyecto de ley que es muy, muy trascendente, para poder dar mayor efectividad al cumplimiento de las resoluciones que dispone la expulsión administrativa», celebró el ministro de la Secretaría General de la Presidencia, José García Ruminot, al destacar que la comisión mixta acordó por unanimidad las medidas para agilizar las expulsiones y darles seguridad jurídica.
Cinco años sin poder regresar y expulsión inmediata en procesos penales
La ley eleva de tres a cinco años el plazo mínimo de prohibición de ingreso al país para los extranjeros expulsados en casos específicos. Además, incorpora mecanismos de expulsión inmediata para las personas en situación irregular que enfrenten determinados procesos penales, siempre con autorización del tribunal correspondiente.
El Servicio Nacional de Migraciones también gana herramientas: podrá requerir información a empresas, particulares y funcionarios públicos para ubicar a los extranjeros con órdenes vigentes —nombre, domicilio y correo electrónico—, con la exclusión expresa de los establecimientos de salud y los recintos educacionales, y con resguardo de los datos de menores de edad.
Por qué importa a los venezolanos en Chile
Chile alberga una de las comunidades venezolanas más grandes de la región, y las cifras del debate lo dejan claro: en el país hay actualmente más de 330.000 extranjeros en situación irregular, según el Instituto Nacional de Estadísticas (INE), y más de 75.000 órdenes de expulsión siguen pendientes de ejecución, cerca de la mitad de ellas contra ciudadanos venezolanos. Durante 2025 se dictaron más de 23.000 órdenes nuevas, pero las expulsiones efectivamente materializadas apenas superaron las 1.200, la brecha que esta ley busca cerrar.
El endurecimiento llega además en un clima político cargado: el Gobierno de Kast anunció esta semana medidas contra los extranjeros que participaron en los actos violentos del aniversario del estallido social, y en el Congreso se debate en paralelo otro proyecto, impulsado por el propio mandatario, para tipificar la migración irregular como delito. Para los venezolanos que viven en Chile —muchos con años de residencia, trabajo y familia—, la recomendación práctica es mantener sus trámites y documentos al día, porque la capacidad del Estado para ejecutar las órdenes que ya existen acaba de multiplicarse. En La Noticia de Hoy hemos seguido de cerca la situación de la comunidad en ese país, desde casos judiciales como el del venezolano condenado a cadena perpetua en Talca hasta emergencias como el temporal que esta semana suspendió clases en 48 comunas.
Con la aprobación de ambas cámaras, el proyecto completó su tramitación en el Congreso y deberá cumplir ahora los procedimientos constitucionales previos a su promulgación y publicación como ley. Su entrada en vigencia marcará el momento en que las nuevas facultades —ingreso a domicilios con orden judicial en 24 horas, prohibición de reingreso de cinco años y expulsiones inmediatas con aval de un tribunal— empiecen a aplicarse sobre el terreno.
