La expulsión del agregado de Defensa birmano en Londres marca la primera respuesta diplomática directa a la sentencia de La Haya. El Reino Unido expulsó este jueves 19 de noviembre al agregado de Defensa birmano, el enlace militar de la embajada de Birmania (Myanmar), y convocó a su encargado de negocios, horas después de que la Corte Internacional de Justicia (CIJ) declarara que el país asiático cometió genocidio contra la minoría musulmana rohinyá.
La medida la anunció el ministro británico de Exteriores, Ed Miliband, quien además pidió una reunión de urgencia del Consejo de Seguridad de la ONU para analizar el fallo del tribunal, que ordenó investigar a los responsables de la matanza, indemnizar a las víctimas y facilitar el regreso de los desplazados.
El agregado de Defensa birmano, expulsado por Londres
En un comunicado, Miliband afirmó que el tribunal con sede en La Haya «ha dictado una sentencia histórica, en la que concluye que Myanmar cometió genocidio contra los rohinyás». El Reino Unido «reitera su pleno apoyo a la Corte y al orden jurídico internacional, y condena el trato atroz infligido a la población rohinyá por el régimen militar» birmano, agregó el jefe de la diplomacia británica.
La expulsión de un agregado de Defensa es una de las herramientas más severas de la diplomacia bilateral: el agregado es el enlace oficial entre las fuerzas armadas de ambos países, y su salida congela en la práctica la cooperación militar y de defensa con la junta que gobierna Birmania desde el golpe de Estado de 2021.
Una sentencia que declaró el genocidio
El fallo de la CIJ puso fin a años de litigio sobre la ofensiva militar de 2017 contra los rohinyás en el estado de Rakáin, que empujó a cientos de miles de personas a huir hacia Bangladesh y dejó aldeas enteras arrasadas. Como ya contó esta redacción, La Haya concluyó que Birmania actuó con intención de destruir a los rohinyás, la definición jurídica central del crimen de genocidio.
La sentencia era el desenlace esperado de una jornada que había comenzado con el mundo pendiente del tribunal, en la línea de la cobertura previa sobre el día del veredicto en La Haya contra Birmania. Ahora, con el fallo en la mano, los gobiernos empiezan a mover sus piezas.
«Estos crímenes no pueden cometerse con impunidad»
Al pedir la reunión urgente en Naciones Unidas, Miliband subrayó que «hay que garantizar que la sentencia de la Corte envíe un mensaje inequívoco: estos crímenes no pueden cometerse con impunidad». «Ahora corresponde a la comunidad internacional contribuir a la aplicación de la sentencia y respaldar la rendición de cuentas y la justicia para los rohinyás», que durante años han sufrido «una violencia atroz, desplazamientos y persecución», agregó.
El ministro adelantó que en los próximos días el Gobierno británico anunciará nuevas medidas para asegurar que «los responsables rindan cuentas», y mantuvo el «firme apoyo a la población rohinyá y a un futuro pacífico, democrático e inclusivo para Myanmar».
Para los rohinyás que siguen en los campamentos de refugiados de Bangladesh, la sentencia y las reacciones que provoca son la primera señal concreta de que el caso no quedó archivado. Las organizaciones de derechos humanos llevan años pidiendo que el fallo de la CIJ se traduzca en medidas reales contra la junta birmana, y la expulsión anunciada por Londres es, hasta ahora, la respuesta más contundente de un gobierno europeo al veredicto.
La pelota queda ahora en el Consejo de Seguridad, donde la reunión pedida por Londres medirá hasta dónde está dispuesta a llegar la comunidad internacional para hacer cumplir una sentencia que Birmania puede intentar ignorar, pero que ya le costó su primer diplomático expulsado en Europa.