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La Haya lo deja claro: Birmania actuó con intención de destruir a los rohinyás

La Corte Internacional de Justicia (CIJ) concluyó este jueves en La Haya que Birmania actuó con la intención de destruir a los rohinyás.

La Corte Internacional de Justicia (CIJ) concluyó este jueves en La Haya que Birmania actuó con la intención de destruir a los rohinyás, al considerar probado que sus fuerzas de seguridad asesinaron a unas 10.000 personas de esta minoría musulmana durante la ofensiva militar de 2017 en el oeste del país. El máximo tribunal de Naciones Unidas se declaró «plenamente convencido» de las matanzas y determinó que, tras examinar el conjunto de las pruebas, la «única conclusión razonable» es que existió la voluntad de destruir a una parte sustancial de la población rohinyá del norte del estado de Rakáin.

Intención de destruir a los rohinyás: la frase que lo cambia todo en derecho internacional

La conclusión es el corazón jurídico del caso. La Convención contra el Genocidio de 1948 no castiga solo los actos: exige demostrar también la intención de destruir, total o parcialmente, a un grupo étnico o religioso. Según la lectura de la sentencia, los soldados birmanos cometieron «asesinatos indiscriminados», separaron y ejecutaron a hombres, perpetraron actos generalizados de violencia sexual y cometieron «actos de extrema violencia contra menores», además de atacar a quienes intentaban huir hacia el vecino Bangladés.

La Corte dio también por probado que la ofensiva causó «graves daños físicos y mentales» a un número muy elevado de rohinyás y que el Estado impuso medidas destinadas a impedir los nacimientos dentro de esta comunidad. Los asesinatos masivos, la violencia sexual y la destrucción de aldeas completan el cuadro de conductas que la propia Convención contempla y prohíbe expresamente.

Un fallo que esperaban más de un millón de refugiados

La demanda la presentó Gambia en 2019 y el tribunal tardó siete años en examinarla, como contamos en la previa del día de veredicto en La Haya. Más de un millón de rohinyás viven hoy hacinados en los campamentos de Cox’s Bazar, en Bangladés, el mayor asentamiento de refugiados del planeta, y para ellos la palabra pronunciada este jueves es la diferencia entre una expulsión y un genocidio reconocido por el máximo tribunal del mundo.

La CIJ no tiene medios propios para hacer cumplir sus sentencias, pero el fallo ejerce una presión política enorme sobre el régimen birmano y sienta un precedente que se seguirá en otros frentes abiertos ante la justicia internacional, entre ellos el caso por la guerra en Gaza, donde este mismo jueves Israel cerró su última incursión terrestre. Para las víctimas de 2017, en cambio, la sentencia llega con una deuda pendiente: nueve años después de la ofensiva, el regreso seguro a Rakáin sigue sin estar garantizado.

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